La magistrada los acusa de crear un sistema para el pago y uso de recursos de la institución castrense una vez que dejaran la comandancia en jefe. Entre ellos se incluía la entrega de recursos, chofer y mayordomo a cargo de las cuentas del Ejército.
La decisión de la magistrada apunta al uso irregular por parte del ex comandante en jefe del Ejército de más de 120 millones de pesos que estaban destinados originalmente a labores de inteligencia.
La instancia insiste en la necesidad de generar un mayor control civil en las FFAA y policías tras conocerse detalles del caso del ex comandante Izurieta. La titular del consejo, Gloria de la Fuente, recalcó que avances en materia de escrutinio de gastos reservados, con modificaciones aprobadas en 2020, son insuficientes si no van acompañados de cambios al artículo 436 del Código de Justicia Militar, que ha mostrado ser “realmente nocivo”, dado que se “presta para imponer el secreto y amparar eventuales irregularidades”.
El ex comandante en jefe del Ejército defendió la labor de la Concertación chilena, además aseguró que era innecesario levantar el secreto de la comisión Valech. En contraposición a su opinión, las víctimas piden que todos los chilenos puedan acceder a los relatos.
