El 25 de marzo el Presidente promulgó la reforma al Código de Aguas, que fuera tramitada durante una década por el Congreso Nacional. Aunque fue un paso relevante, el Ejecutivo aún puede hacer mucho al respecto.
Este miércoles, la Comisión de Minería del Senado volvió a posponer la votación de las indicaciones correspondientes al proyecto que define a los glaciares como bienes de uso público. De seguir retrasando su aprobación, la vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, Constanza San Juan, aseguró que se podrían ver afectadas las actividades productivas que requieren del agua para subsistir.
Mientras que desde el Ejecutivo se ha hecho hincapié en el impacto que la ley podría tener en las actividades económicas, la vocera de la Coordinación de Territorio en Defensa de los Glaciares, Constanza San Juan, aseguró que “toda la zona periglaciar, que contiene glaciares de roca y permafrost, es fundamental para los territorios”.
Todo indica que este miércoles, la Comisión de Minería y Energía votará en particular el proyecto de ley de protección de glaciares. Sin embargo, ante la última indicación ingresada por el Gobierno a principios de octubre, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, se mostró contraria a la protección de los glaciares a través del sometimiento de los proyectos mineros a estudios de impacto ambiental.
Como una vulneración a los derechos humanos calificaron organizaciones ambientalistas la reciente aprobación de la Ley de Glaciares, la cual no aseguraría el acceso al agua potable tanto para el consumo humano como para el cultivo.
Movimientos sociales agrupados en la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, junto al diputado Gabriel Boric, hicieron un llamado a rechazar el proyecto de Ley de Glaciares, y legislar para asegurar su protección y preservación.
Ante la falta de agua en algunos sectores del país y las críticas de organizaciones ambientales, el director de la Dirección General de Aguas (DGA), Carlos Estévez, aseguró que con la reforma al Código de Aguas, la regulación de derechos estará solo a cargo de dicho organismo y el Estado podrá abastecer del recurso para el consumo humano en caso de emergencias o escasez.
Luego de la aprobación de la Reserva Estratégica Glaciar contenida en el proyecto de ley, desde Greenpeace señalaron que la medida está hecha a la medida de las mineras. “supone un retroceso en término de los compromisos que se habían adquirido y de las expectativas que teníamos “, recalcó Matías Asun, director nacional de Greenpeace Chile.
La diputada Camila Vallejo cuestionó que el ministerio de Medio Ambiente deba someterse a los intereses de otras carteras, mientras la PPD Loreto Carvajal dijo que “se está hipotecando el futuro acuícola de Chile”.
El gobierno y los parlamentarios firmaron un protocolo de acuerdo para la tramitación de la Ley de Glaciares. Sin embargo, organizaciones sociales y especialistas afirmaron que la iniciativa es ambigua y que abre puertas al abuso empresarial.
Hasta La Moneda llegó Greenpeace y los diputados Daniel Melo y Camila Vallejo con el fin de exigir al Gobierno respuesta por el Proyecto de Ley de Protección y Preservación de Glaciares junto con agregar a la legislación otros 5 puntos. El diputado presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Daniel Melo, espera pronta respuesta de las autoridades.
El proyecto de organizaciones ambientalistas cuenta con el patrocinio de diputados de la Alianza y la Nueva Mayoría, Amplitud y Revolución Democrática, quienes esperan que el Ejecutivo se sume y cumpla con el compromiso de la Presidenta.
