El abogado Matías Ramírez se refirió a la decisión de la Fiscalía de separar las aristas de esta investigación y calificó como una medida “necesaria” la determinación del ente persecutor. “No hay que descartar que veamos a más parlamentarios formalizados”, adelantó.
Así lo confirmó el senador integrante de la comisión Rabindranath Quinteros, mientras los pecadores se manifestaron este miércoles en Valparaíso en contra de la cuestionada normativa.
Representantes de comunidades indígenas provenientes desde Arauco a Palena llegaron hasta el Congreso en Valparaíso para oponerse al proyecto de ley sobre el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), que deja en la ilegalidad a los pescadores de pueblos originarios. El objetivo de los dirigentes es ingresar indicaciones antes que la legislación sea aprobada.
Una nueva legislación que se discute en el Senado establecerá penas para quienes infrinjan la Ley de Pesca. Desde las comunidades indígenas señalan que al no estar considerados dentro de las cuotas de pesca, serán castigados por extraer recursos del mar, lo cual perjudicará su economía y cultura.
Luis Infanti visitó la zona de Petorca, habló del vital elemento, de las modificaciones al código de aguas; los aportes de compañías pesqueras a parlamentarios, candidatos presidenciales y la visión del Papa en torno al conflicto mapuche.
En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada del PPD se refirió a los intentos por anular la controversial ley y al rol que le corresponde al Ejecutivo en esta materia.
Manuel José Ossandón fue el primero en reunirse con los trabajadores. Luego, se sumarán otros candidatos. Según el vocero del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Machuca, el propósito de los encuentros “es dar una conversación franca en la que los pescadores van a opinar y decir lo que sienten”.
El diputado del PPD sostuvo que la normativa debe ser votada en la comisión de Constitución en los próximos días, aunque de no haber respaldo del Ejecutivo, la iniciativa quedará estancada en su trámite legislativo.
El cortometraje, que fue estrenado en agosto en el Festival de Cine de La Serena (FECILS), recoge las experiencias de los trabajadores que fueron afectados por la Ley de Pesca. La realización es un vestigio de cómo la normativa finiquitó la labor artesanal en el país.
Este lunes, el senador de la DC Patricio Walker prestó declaración en el marco de la investigación por presunto financiamiento irregular a la campaña del diputado Iván Fuentes por parte de la Fipes. El abogado querellante del caso, Matías Ramírez, planteó que se debe investigar al resto de la familia Walker por este caso.
La Subsecretaría de Pesca ha comenzado a otorgar nuevas cuotas de pesca, éstas se ciñen a la cuestionada “Ley Longueira”. Situación que a los pescadores artesanales sigue inquietando por la lentitud del proceso de revisión dicha norma, y apuestan a que se apruebe la nulidad de la polémica ley.
Con autorización del tribunal, los fiscales a cargo del Caso Corpesca y de la arista Asipes, solicitaron al Servicio Electoral de Concepción revelar los montos, fechas y nombres de los receptores de las donaciones entre 2009 y 2013. El presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío, Hugo Arancibia, afirmó que hace tiempo había sospechas de las organizaciones pesqueras.
Después de las movilizaciones de los pescadores artesanales, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Guillermo Ceroni (PPD), informó que es prioritario poner en discusión la normativa y comprometió su debate en la instancia.
El parlamentario comunista explicó de esta forma porqué no existe la voluntad política al interior del oficialismo para derogar la polémica norma. “Esta es una ley forjada en la corrupción y debe terminarse”, expresó.
Las protestas incluyeron marchas, barricadas y bloqueos de rutas que se realizaron en varias localidades del país como Arica, Coquimbo, Valparaíso, Coronel, Lota, la isla de Chiloé, Punta Arenas, entre otras.
Un análisis realizado por la Contraloría sobre la gestión de la Subsecretaría de Pesca registró deficiencias respecto a los mecanismos de monitoreo y la falta de un catastro completo sobre las resoluciones de calificación ambiental para aprobar proyectos acuícolas. Los pescadores artesanales aseguraron que es una auditoria acotada que debiese considerar todas las denuncias interpuestas por irregularidades de las empresas pesqueras.
Dirigentes de la pesca artesanal acusan que el empresariado está detrás de la negativa del gobierno de anular la Ley de Pesca y advierten que radicalizarán las movilizaciones si la Presidenta no accede a sus peticiones. Por su parte los empresarios pesqueros manifestaron su descontento con algunas de las medidas que estudia el ejecutivo para resolver este problema.
