A partir de la muerte del sargento Rodrigo Puga el fin de semana, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, expuso que la nueva Ley de Seguridad Privada prohíbe que funcionarios de la institución presten este tipo de servicios.
Tras 14 años de tramitación, la iniciativa fue aprobada durante el 2023 dentro de la agenda de seguridad priorizada por el Ejecutivo. Esta establece una modernización en los criterios de procedimiento y modifica infracciones, entre otros puntos.
