Así lo reveló la cuarta versión del estudio nacional del Consejo para la Transparencia, que detectó además que cerca del 61 por ciento de la población cree que existe corrupción en el aparato estatal y constató un gran desconocimiento de los derechos y organismos que velan por el acceso a la información pública.
Diversas reacciones generó el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la petición del Consejo para la Transparencia para que se hicieran públicos 300 correos electrónicos del Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet. La sentencia, según organizaciones pro transparencia, representa un retroceso en los avances registrados hasta ahora en materias de acceso público a la información.
