Luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) desestimara la tramitación ambiental del proyecto de exploración de la minera Wealth Minerals, el Consejo de Pueblos Atacameños interpuso, de manera simultánea, una denuncia en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de la ciudad.
Los dirigentes buscan repetir lo ocurrido en 2011 cuando la Cámara Alta le quitó el piso político y terminó por desestimar cinco consultas que, en ese momento, llevaba a cabo Joaquín Lavín como ministro de Planificación en el primer gobierno de Sebastián Piñera.
La iniciativa, que busca generar un pronunciamiento por parte de la relatora de Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, surgió desde la comunidad aymara de Socoroma y fue rápidamente acogida por otros pueblos originarios de la zona norte del país. Por su parte, desde el pueblo mapuche también apoyaron la medida y anunciaron una reunión con la relatora.
A la reciente decisión del pueblo de licanantay, se sumó la oposición mapuche de las regiones del Biobío y la Araucanía. También la postura de más de un centenar de dirigentes de pueblos originarios de la región del Maule de marginarse del proceso impulsado por el Gobierno.
El Tribunal establece que la comunidad Toconce tiene la propiedad de los derechos de aguas captadas a través de vertiente y rechaza acciones contrarias interpuestas por Aguas Antofagasta y Soquimich S.A.
