La parlamentaria del PC aseguró que el pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, busca que el edil de Recoleta “no pierda su calidad de alcalde” y que se desconozca así “la representación y soberanía popular”.
En el recurso presentado por su defensa, el edil busca desestimar los argumentos esgrimidos por la jueza Paulina Moya. En su lugar, solicita firma mensual y arraigo nacional, y en subsidio, arresto domiciliario parcial o total.