A propósito del escándalo que generó el megafraude por $240 mil millones, académicos y dirigentes destacaron la necesidad de reformar el sistema tributario, pero atendiendo a las distintas realidades en que se enmarcan estas problemáticas.
Para las otras tres acusadas se dictaron otras medidas. Una de ellas quedó bajo arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional, mientras que las otras dos deberán cumplir arresto domiciliario total y arraigo nacional.
El diputado PPD, Raúl Soto, destacó el deber ético y político de investigar y llegar hasta las últimas consecuencias para conocer las fisuras que permitieron este megafraude sin precedentes en la historia del país.
