Parlamentarios de oposición expresaron su disposición a tramitar la reforma constitucional en enero, insistiendo en priorizar la agenda de seguridad y en avanzar en cambios profundos al sistema penitenciario.
La Fiscalía Metropolitana Occidente imputa los delitos de agrupación criminal, cohecho y lavado de activos a los funcionarios. Mientras que para los civiles se reemplaza el cohecho con el delito de soborno.
