El analista Alexis Cortes cuestionó la decisión de Jair Bolsonaro de retirarse de un acuerdo internacional que tiene 23 objetivos, destacándose entre ellos el minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen, reforzar la respuesta transnacional a la trata de personas, utilizar la detención de migrantes sólo como último recurso y proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos.
El Gobierno tomó la decisión de abstenerse en la votación del Pacto Migratorio que fue aprobado este miércoles en la sede de las Naciones Unidas, lo que reabrió el debate sobre la política exterior que está llevando a cabo la administración de Sebastián Piñera. El Pacto, en tanto, fue aprobado por 152 países y rechazado por cinco, mientras que otros once países decidieron abstenerse, al igual que Chile.
En un breve punto de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores ratificó el anuncio hecho por el propio presidente el sábado pasado respecto de no adherir al Pacto Migratorio
El diputado RD y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, se refirió a la decisión del Ejecutivo de no firmar el Pacto Mundial para la Migración. Al respecto, aseguró que el Presidente Piñera ha burlado una política de Estado, y peor aún, solo con el fin de desviar la atención sobre el caso Catrillanca.
El Jefe de Estado dio a conocer las razones por las que el Gobierno decidió restarse del pacto internacional. “Dificulta el resguardo de nuestras fronteras y limita nuestra soberana capacidad de tomar decisiones en materia de migración”, dijo.
El mandatario también reiteró que el Pacto Migratorio fomenta la migración irregular, el trabajo informal y dificulta la detención de quienes no cumplen con el proceso legal para entrar a un país, por lo que Chile no está de acuerdo con la iniciativa.
Más de 150 países firmaron el “Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular” de la Organización de Naciones Unidas, acuerdo del que Chile se restó, atrayendo fuertes críticas de la oposición y de los organismos vinculados a los derechos humanos y la migración. El Ejecutivo defendió su postura asegurando que “cada país tiene derecho a fijar sus propias reglas” en esta materia.
