Organizaciones civiles y entidades en pro de la conservación de la naturaleza esperaban avances significativos en materias de regulación por parte del Ejecutivo. Sin embargo, tras dos años de administración, la realidad ha sido completamente opuesta.
Flavia Liberona (Fundación Terram) y Lucio Cuenca (OLCA) coincidieron en que el sistema debe ser reformado, pero no en los términos propuestos por el empresariado y el Gobierno. “Chile ya tiene una institucionalidad bastante laxa”, señalaron.
Debido a que el país salió de top ten construido por el The Economist, el académico de la Casa de Bello y doctor en Economía de la U. de Columbia descartó que nuestra posición en este listado afecte la inversión extranjera.
Las agrupaciones identifican 10 aspectos nocivos de la iniciativa, entre ellos, el fin del principio preventivo y la aceleración en la entrega de permisos. “Las modificaciones vienen a empeorar la situación”, dijo el director de ONG FIMA, Ezio Costa.
En una declaración apoyada por más de 200 agrupaciones medioambientales y territoriales, indicaron las deficiencias del proyecto, que en lugar de proteger el medio ambiente es catalogado como un traje a la medida para inversionistas.
Se trata de un listado de 21 proyectos de ley que consisten, en su mayoría, en iniciativas ya ingresadas en áreas como productividad, crecimiento y probidad, pero que se encuentran sin mayor avances. El objetivo es aprobarlas antes del 1 de octubre.
En la Sofofa valoraron las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, puesto que su juicio entrega certeza jurídica al empresariado. Mientras desde Chile Sustentable relevaron los mecanismos de participación ciudadana.
