A esta petición se sumaron organizaciones migrantes. Mientras desde el municipio se avanza en sumarios y acciones legales, la comunidad haitiana y expertos acusan violación a los derechos humanos y falta de atención de las autoridades.
La información fue dada a conocer a través de las redes sociales. Pese a que está escrito en el reglamento interno del edificio, los afectados se podrían querellar acogiéndose a la Ley Zamudio.