La empresa a cargo de la iniciativa, Andes Iron, está solicitando que la resolución del Comité de Ministros sea declarada ilegal. “Se han tenido a la vista consideraciones no técnicas sino políticas”, indicaron en su presentación.
El funcionamiento del yacimiento es discutido por las comunidades indígenas atacameñas, que interpusieron una reclamación ante el tribunal contra la Superintendencia de Medio Ambiente por autorizar su operación.
