Las iniciativas contemplan la creación de un nuevo estatuto para representantes de intereses y la ampliación del concepto de lobby. Además, también se propone la inhabilitación perpetua de cargos públicos a condenados por cohecho.
El arribo de la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot, al directorio de la Papelera generó una serie de críticas en la esfera política y reabrió el debate sobre el transito de funcionarios públicos al mundo privado.
