El aumento de casos de amedrentamientos de empresas a activistas medioambientales en nuestro país ha ido de la mano con mayores demandas en tribunales. “En mi caso me trataron de anular”, cuenta el defensor Rodrigo de la O.
Las voceras solicitaron a las autoridades revisar los procedimientos de funcionamiento de las distintas instancias públicas comprometidas en dichos procesos.
El puerto, un proyecto de la empresa CAP Minería, ingresó al proceso de evaluación ambiental en 2012 y obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) el 30 de enero de 2015. Tras ello, diversas organizaciones locales y nacionales presentaron reclamaciones.
