Organizaciones sociales, académicos y la comunidad en general han rechazado transversalmente la instalación de una represa en el mismo lugar donde, hace 60 años, cientos de civiles y militares lograron despejar los tacos provocados por el terremoto, salvando las ciudades ubicadas río abajo.
Sólo las personas que sean propietarias de terrenos directamente afectados podrán oponerse a tendidos eléctricos, no comunidades o proyectos empresariales aledaños, según el informe de la Comisión Mixta para el proyecto legal de concesiones eléctricas que la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron este martes. Pese a la merma de derechos para oponerse a estos proyectos eléctricos, el texto ya no se refiere a la consulta indígena del Convenio 169 de la OIT ni a los trazados que afectan al Sistema de Áreas Silvestres Protegidas, que incluye a parques nacionales y reservas.
