Salvo pequeños avances, 2012 fue un año perdido en materia de protección, defensa, ampliación y perfeccionamiento de los derechos fundamentales en el país. Así lo estableció el informe anual elaborado por Amnistía Internacional, que constató que las marchas siguen siendo duramente reprimidas; las mujeres continúan sin poder decidir sobre su cuerpo y los pueblos originarios aún no pueden incidir en los proyectos de inversión que los afectan. A esto se sumó una tendencia mundial, que es la desprotección social que aflige a las personas inmigrantes.