Diputados de la comisión de Educación buscarían cambiar el estado jurídico de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, convirtiendo estas instituciones en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. Esta modificación permitiría que el 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables, de los CFT e IP constituidos como sociedades con fines de lucro, también puedan acceder a la gratuidad propuesta por el Gobierno.
Los abogados querellantes pedirán el procesamiento del diputado RN por su presunta participación en la Operación Machete. La oposición pierde un voto en la Cámara y se reducen los quórums para reformas electorales y constitucionales. Aunque no podrá ejercer su cargo, el parlamentario seguirá recibiendo su dieta.
Luego de las críticas del presidente de la colectividad, que calificó al ministerio de Educación como “un gestor inmobiliario”, en el contexto del proyecto de Reforma Educacional enviado por el Gobierno, desde su propio partido, así como desde el PS y el PPD, rechazaron sus declaraciones, las que calificaron de “lamentables”, “confusas” y “una agresión a la inteligencia”, además de no representar a la Nueva Mayoría.
Con los procesos de juramento de diputados y senadores, así como la elección de las nuevas directivas de ambas cámaras, se iniciaron este martes las actividades en el Congreso Nacional, en la antesala de la ceremonia del cambio de mando presidencial. La senadora socialista Isabel Allende y el diputado democratacristiano Aldo Cornejo asumieron las respectivas instancias legislativas.
Diputados opositores interpusieron una querella por fraude al fisco contra quienes resulten responsables de la entrega de beneficios estatales a la Universidad Pedro de Valdivia, la Universidad SEK y la Escuela Militar Bernardo O’Higgins, en circunstancias de que dichas instituciones no estaban acreditadas. La medida legal apunta a la responsabilidad del actual ministro de educación, Harald Beyer, en su calidad de presidente de la Comisión Ingresa, y se suma a los antecedentes de la acusación constitucional en su contra.
Una segunda comisión investigadora del lucro pretende cumplir con lo que no hizo su antecesora. Esto es, dar con responsabilidades políticas y administrativas aprobadas en un informe en la sala. La nueva instancia cuenta con nuevos antecedentes a considerar, en los que confían parlamentarios y estudiantes. Estos últimos, eso sí, muestran algo de desconfianza, ya que tienen como antecedente el rechazo al informe de la comisión anterior.
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, entregó esta mañana su apoyo público a la acusación constitucional contra el Ministro de Educación, Harald Beyer. A juicio del dirigente gremial, esta medida debe considerarse una “oportunidad” para conocer los problemas ocultos de la educación chilena y tener la posibilidad de rectificarlos.
