Las víctimas fueron heridas de gravedad el 20 de octubre del 2019 mientras se movilizaban en cercanías de una manifestación. En tanto, la defensa de los exmilitares acusados presentó nuevamente una solicitud al TC para suspender este proceso.
Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recurrieron para obligar al Estado de Chile a entregar pensiones de sobrevivencia a las múltiples víctimas de violaciones de los derechos humanos cometidos desde la revuelta social de octubre de 2019. El beneficio económico está dirigido a quienes producto de sus lesiones quedaron imposibilitados de trabajar.
