La Sala de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta del Partido Comunista que busca suspender el proceso, mientras desde otras bancadas instan a detener la iniciativa hasta que se apruebe la nueva constitución. Consejo de Pueblos Atacameños se reunió con parlamentarios para plantear que de concretarse los contratos con las empresas, se podría afectar la vida de las comunidades y del ecosistema de los salares involucrados.
La Superintendencia de Medio Ambiente aclaró que la causa podría reactivarse al no cumplirse el programa presentado por la minera no metálica que recientemente aprobó el organismo regulador.
El Consejo de Pueblos Atacameños había iniciado la acción judicial debido a que no se llevó a cabo la consulta indígena prevista en el Convenio 169 de la OIT.
En Santiago y luego de conocer los detalles del convenio, los dirigentes no aceptaron iniciar una mesa de diálogo con las autoridades porque advirtieron que sus planteamientos no fueron considerados durante la negociación.
El proyecto es unas de las principales inversiones junto con el del Salar de Atacama, que también podría terminar anticipadamente por la demanda de incumplimiento de contrato interpuesta por Corfo. La compañía minera no metálica ahora busca en territorio argentino nuevos permisos para la explotación del litio y derivados.
La Superintendencia de Medio Ambiente deberá determinar si aprueba el plan presentado por la minera luego que fuera sancionada por seis graves infracciones. Según Alonso Barros, abogado de la Fundación Desierto de Atacama, la propuesta de la compañía es parte de una estrategia para ganar tiempo y continuar con la explotación del Salar.
La industria del litio en nuestro país tendrá en las próximas semanas momentos relevantes debido a la revisión del acuerdo entre Corfo y la empresa Rockwood de explotar el mineral en el Salar de Atacama. La operación pone en entredicho la anunciada política de Gobierno de ratificar la explotación de metal como una actividad estratégica y no concesionable, y las atribuciones de Corfo para establecer este tipo de contratos.
Organizaciones defensoras del medio ambiente local denuncian que los funcionarios encargados de fiscalizar la extracción de agua del Salar de Atacama propician abusos de las empresas SQM y Rockwood en total impunidad. Acusan “compra de voluntades políticas” frente a obras que amenazan el ecosistema de la zona.
