La resolución absolutoria para los diez acusados de colusión en el Caso Farmacias, abrió un debate sobre el rol del Ministerio Público en la investigación, la legislación que permite investigar y sancionar este tipo de carteles y cómo se aplica la justicia en los delitos denominados “de cuello y corbata”.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó los alegatos por la admisibilidad de la demanda colectiva presentada por el Caso de Colusión de Farmacias. Las tres empresas involucradas creen que la acción es improcedente, mientras que las partes acusantes reivindican el derecho a la solicitud de indemnización para los afectados.
la Fiscalía ofreció una salida a este litigio mediante la suspensión condicional del procedimiento, esto quiere decir que los 10 imputados deberán pagar una suma de dinero a beneficio fiscal, que ascendería en total a $ 200 millones. De esta manera el proceso queda suspendido, bajo condición que se cumplan una serie de requisitos económicos y penales.
Según ha trascendido, la Fiscalía ofrecería una salida a este litigio mediante la suspensión condicional del procedimiento, esto quiere decir que los 10 imputados deberán pagar una suma de dinero a beneficio fiscal, que ascendería en total a $ 200 millones.
Esto se relacionaría con las bases de datos que quedan registradas, en especial, con los pacientes que presentan enfermedades crónicas. Desde el Colegio Médico aseguraron que este caso constituyó “un abuso de los derechos del enfermo”.
Los montos se dividirán en dos grupos de afectados: los que tuvieron que pagar más por sus medicamentos y los que se vieron obligados a suspender sus tratamientos por las alzas concertadas. El director del servicio afirmó que las multas aplicadas por la justicia fueron de beneficio fiscal, por lo que ahora se busca indemnizar a los afectados.
