En respuesta a la pregunta rectora ¿por qué se debe ampliar el recurso de protección a los derechos laborales?, la tercera cápsula de la campaña propone un precepto constitucional sobre tutela jurisdiccional de los derechos laborales, en una suerte de ampliación del recurso de protección.
Desde la CUT y la ANEF responden en modo defensivo al ser consultados sobre los desafíos laborales del próximo gobierno. Todo hace presagiar que la agenda previsional será uno de los temas que se llevará la atención del mandatario, no así una mayor extensión de los derechos de los trabajadores.
La impugnación en el Tribunal Constitucional perjudicó lo que en el Gobierno consideraban el corazón de la reforma, la titularidad sindical. Hasta ahora se desconoce qué va a hacer el Ejecutivo con lo que quedó de la norma, mientas las críticas apuntan a que se hizo un largo debate para finalmente no cambiar nada.
En horas clave para la Reforma Laboral el gobierno ingresó un veto presidencial y anunció un proyecto de ley para corregir algunos puntos. Por su parte, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, calificó el veto como “moderado y temeroso”.
La diputada se refirió al desarrollo de este proceso, y emplazó al Ejecutivo a incentivar la participación de la ciudadanía. “En Atacama no los veo animando decididamente el proceso”, aseguró.
El Tribunal Constitucional confirmó su decisión de declarar inconstitucional la titularidad sindical. Además, declaró en esta misma categoría, aunque de manera parcial, a la extensión de beneficios.
Este lunes expondrán ante el TC diversas organizaciones que presentarán sus alegatos frente a la impugnación presentada por la oposición a cuatro puntos de la iniciativa. Desde la derecha adelantan que presionarán en la titularidad sindical y la extensión de beneficios.
Este miércoles se inicia en la Comisión de Trabajo del Senado la discusión del proyecto de Reforma Laboral. En ese contexto, diversas organizaciones sindicales acusan a la CUT de no mostrar claridad en su posición, de no defender los intereses de los trabajadores y de ser el casi exclusivo interlocutor con el Gobierno, en especial con los Ministerios de Hacienda y del Trabajo.
