Quienes habitaban en el lugar acudieron al Instituto Nacional de Derechos Humanos por falta de garantías. El alcalde Daniel Reyes señaló que hay personas que “no cumplen los requisitos” y que algunos se encuentran en situación “migratoria irregular”.
La medida se basa en un decreto del Serviu Metropolitana, que declaró inhabitable una franja de 30 metros a ambos lados del Zanjón de La Aguada. La operación es encabezada por la Delegación Presidencial y apoyada por funcionarios municipales.
Ante protestas por demoras en la edificación de viviendas sociales y desalojos de campamentos, distintos voceros y representantes de movimientos de lucha hablaron sobre déficit habitacional que se arrastra hace años en Chile.
