La normativa, que se encuentra en su segundo trámite constitucional y que por estos días está alojada en la Comisión de Salud del Senado, busca reconocer una serie de derechos en el ámbito de la gestación del embarazo.
La iniciativa busca erradicar la violencia gineco-obstétrica en el país y costaría al rededor de $300 mil millones de pesos, sin considerar el ámbito de la salud mental. Por otro lado, matronas problematizaron la alta cifra de cesáreas innecesarias.
La iniciativa es la primera de este tipo en la historia del Colegio de Matronas y Matrones, ya que reunirá a académicas de Obstetricia, psicólogas, médicas y matronas clínicas de los hospitales San Juan de Dios y Eloísa Díaz.
Con el objetivo de consagrar de manera legal el concepto de “violencia gineco-obstétrica”, las diputadas (PPD) Loreto Carvajal y Marcela Hernando (PRSD) presentaron un proyecto de ley para perseguir conductas de funcionarios de centros médicos que eventualmente podrían agredir a las futuras madres que se encuentran ejerciendo sus labores de parto.
