En el marco de la “Semana Mundial de Parto Respetado”, la Coordinadora por los Derechos de Nacimiento de Chile y representantes parlamentarias del proyecto Ley Adriana entregaron una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric, solicitando considerar y destinar los recursos necesarios para la implementación de la iniciativa en el presupuesto nacional, con una mirada integral y que contemple financiamiento para la salud mental.

Recordemos que la Ley Adriana es un proyecto de ley ingresado en el 2018 que busca erradicar la violencia gineco-obstétrica del país y avanzar en el ámbito de la salud ginecológica y sexual de las mujeres.

En el encuentro una de las gestoras de la ley, la diputada Claudia Mix, afirmó que el presupuesto de la Ley Adriana está siendo estudiado en la comisión de Salud del Senado. “La Ley Adriana no es una iniciativa a corto plazo, busca ser una política pública que modifique el funcionamiento de la salud en el país, por lo tanto apuesta a un cambio de paradigma en que los derechos reproductivos y de salud de las mujeres sean una prioridad”, declaró.

La matrona, representante de Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización del Parto y Nacimiento e integrante de la Coordinadora por los Derechos de Nacimiento de Chile, Mónica Candia, destacó que el país necesita una ley de parto respetado y la Ley Adriana viene a cumplir ese objetivo, junto con erradicar la violencia obstétrica del sistema de salud.

En ese sentido, la activista abordó los preocupantes índices de cesáreas en el territorio nacional. Actualmente Chile “tiene un 59% de cesáreas, 49% en el sistema público y 73% en el sistema privado, mientras que hay regiones del país donde hay más de un 90% de cesáreas en el sistema privado”, según consignó Candia.

“Es un número increíble de cesáreas innecesarias que daña la salud ginecológica, física y mental de las mujeres y también de los recién nacidos porque interfiere en la etapa de transición más importante que es el apego inmediato después del parto. Es una realidad que esta comprometida como el negocio del nacimiento en Chile, es tanto el conflicto de interés que desgraciadamente nadie ha querido frenar este flagelo”, expuso.

En la carta entregada al Presidente de Gabriel Boric las parlamentarias y organizaciones sociales estiman que se requiere una inversión de al menos $300 mil millones de pesos desde el Ministerio de Salud, “para una implementación con el mayor estándar de calidad para los puntos que cubre esta ley, que deja sin cobertura uno de sus ejes principales de la prevención y promoción de salud y que ha sido también unos de los ejes de su gobierno: La salud mental”.

“Este proyecto se gesta desde una mirada de las víctimas de violencia gineco-obstétrica y el desamparo vivido para atravesar la sanación de forma autónoma y sin resguardo del Estado. Muchas de esas mujeres, cuidando heridas, mientras en sus brazos acunan y sostienen día y noche a un recién nacido. El proyecto busca prevenir los eventos de maltrato y vulneración de derechos, pero también la reparación y las garantías de no repetición“, dice la misiva.

En conversación con nuestro medio la diputada Gael Yeomans, reconoció el trabajo que se ha realizado en la mesa de parto respetado junto al Colegio Médico, el Colegio de Matronas, OVO Chile, ParirNos, Ginecólogas Chile, la Coordinadora por los Derechos de Nacimiento de Chile y otras organizaciones sociales. “Lo que nos faltaría es que tenga el respaldo financiero este proyecto de ley. Eso es lo que estamos pidiendo, que se evalué, obviamente tiene que haber gradualidad, pero que el respaldo exista”, enfatizó.

Por su lado, la parlamentaria Erika Olivera, emplazó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, para que ojalá se aborde la inversión que necesita la Ley Adriana cuando se discuta el presupuesto para el próximo año, dado que “el número de beneficiadas con esta normativa va hacer al rededor de 200 mil mujeres”.