En entrevista con nuestra emisora, el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, criticó duramente el anuncio de la Reforma Constitucional promovido por la Presidenta Bachelet a días de dejar el gobierno y lo califica como “una pose para una foto”, lo que se condice, en su opinión, con la forma en que se elaboró el programa de gobierno: una lista de supermercado con distintas demandas sociales destinado a obtener los votos necesarios para quedarse nuevamente con la presidencia.
Esta será la segunda vez en que el caso llega hasta el máximo tribunal del país. Anteriormente, en octubre de 2017, la mencionada instancia determinó la libertad de los ocho imputados, en un fallo que apuntó al débil actuar del Juzgado de Garantía de Temuco y dio las primeras luces de la inconsistencia de las pruebas.
El año pasado, y luego de la revelación de las excesivas pensiones que recibían algunos retirados de las Fuerzas Armadas, el abogado Roberto Ávila presentó una querella criminal en contra de siete ex uniformados que reciben una “pensión de invalidez de segunda clase”. El 7mo Juzgado de Garantía acaba de aceptar la incautación de las fichas clínicas de los acusados y Fiscalía ya trabaja en la investigación.
La controvertida ley ha sido el blanco de críticas, sugerencias y una infinidad de reparos por parte de organismos nacionales e internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos. Que se revise, que no se use en contra del pueblo mapuche y que se investiguen las denuncias en contra de la policía por la fuerza ejercida sobre la comunidad mapuche son algunas de las recomendaciones que ha recogido una ley que no ha condenado prácticamente a nadie.
Son más de 500 casos los que están siendo revisados por el magistrado Mario Carroza. Por el momento todos se ubican temporalmente dentro del periodo 1973-1990, por lo que la posibilidad de que estén prescritas es una realidad. ¿Qué debería pasar para que los casos no prescriban?
Un informe elaborado por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema en 2017 confirma que el 40% de los recintos penitenciarios del país sufren de sobrepoblación.
Alberto Espinoza, el abogado que lo representó en Chile, está convencido de que la pena de Palma -dos cadenas perpetuas- está prescrita. Afirma que el hecho de haber sido juzgado por la ley antiterrorista le juega a favor, por lo desprestigiada de esa normativa a nivel internacional. Herlado Muñoz se encuentra en Paris sosteniendo reuniones con autoridades locales.
La Corte de Apelaciones dictó sentencia por el crimen del ex militante del MIR Vicente Segundo Palomino. También hubo condenas para ex carabineros por la muerte de Nelson Flores Zapata, ocurrido en la Villa Robert Kennedy.
La marea roja, la incertidumbre de el proyecto minero Dominga, y los proyectos de ley que modernizar el Sernapesca, la Conaf y que aspiran a darle una institucionalidad a las áreas protegidas a lo largo del país son algunas de las carpetas con las que se encontrarán Sebastián Piñera y Marcela Cubillos, futura titular de la cartera, una vez asumido el gobierno. Desde las organizaciones ambientales esperan que, cuanto antes, den señales de continuidad a lo que ha proyectado el actual periodo de Bachelet: un crecimiento económico de la mano del cuidado del medio ambiente.
Después que la Operación Huracán pasara de ser una investigación contra mapuches a una que apunta a Carabineros, el comunero acusado en el caso Luchsinger-Mackay recuerda que las irregularidades investigativas también existen en otros casos.
El caso de la lactante Sophia, muerta con poco más de un año de vida, volvió a instalar la discusión sobre una medida que la justicia civil chilena suprimió en 2001. La directora de la organización, Ana Piquer, advierte que “no es una solución” y sostiene que tampoco ayudar a evitar los crímenes: “No hay ningún dato ni evidencia que respalde eso”.
La escasez hídrica afecta a nuestro país desde hace siete años. Expertos consideran que hay tres causas para esta crisis: el cambio climático, la expansión urbana y agrícola y la poca valoración del recurso por parte de la población. Diputados y ambientalistas consideran que es urgente una reforma al Código de Aguas que limite los derechos privados de las empresas.
