Miembros de la comunidad palestina en Chile se querellaron contra tres jueces de la Corte Suprema de Israel, acusando crímenes de lesa humanidad, debido a la decisión de los magistrados de anexar territorios palestinos al estado de Israel.
Se trata de una acción judicial sin precedentes, que busca que Chile se pronuncie frente a hechos de connotación internacional, y que concierne a la tratados en la materia que nuestro país ha suscrito.
La iniciativa que desea llevar a cabo la oposición plantea multar y expulsar a inmigrantes que cometan infracciones a una serie de requisitos de permanencia, entre ellos acreditar un mínimo de patrimonio. Desde el Movimiento de Acción Migrante expresaron que el proyecto que sólo genera alarma pública y empeora la discriminación.
En lo que va de 2016, 50 femicidas han asesinado a mujeres y niñas. Ese es el signo más dramático de la violencia de género. Sin embargo, el problema empieza mucho antes: el uso del tiempo libre es otro rasgo que confirma la desigualdad. Es ingenuo pensar en un mejor trato entre géneros si no se trabaja en una política estructural que aborde el problema desde todas sus dimensiones.
Mientras, miles de mujeres exigen el cambio cultural: ¡Ni una menos! vuelve a tomarse las calles del país.
¿Quién se acordará de Maribel? ¿Quién se acordará de Caridad? ¿De qué parte del crecimiento económico extraordinario de República Dominicana se sacan las cuentas para explicar que murieran así, abandonadas a su suerte? ¿Quién pagará la repatriación de sus cuerpos? ¿Acaso alguno de los que llenan páginas de periódicos defendiendo “la nación” y advirtiendo la “amenaza haitiana”? No fueron haitianos sino el olvido y la miseria los que mataron a Maribel y Caridad.
Desafíos como el establecer un mecanismo para prevenir y perseguir los casos de tortura y vulneración de los derechos humanos de los reclusos, y la implementación de una ley de ejecución penal que ordene y sistematice las funciones de Gendarmería se plantean para una institución que padece la obsolescencia en su forma de funcionar.
Los últimos hechos de violencia en La Legua, con disparos al aire durante un velorio, han generado el cuestionamiento sobre los planes de intervención policial en esta y otras poblaciones, así como las violaciones a los DDHH que posibilitan. “Se ha generado un patrón sistemático de violencia policial”, señalan desde el Comité de Defensa de DDHH de La Legua.
Corte Suprema ratificó el beneficio al coronel en retiro de Carabineros Guillermo González Betancourt. La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, criticó la medida.
José Mariano Llanca, padre de Fabián, quien se encuentra internado en el Hospital de Temuco por consecuencia de los golpes propinados por carabineros, denunció la irregularidad en el procedimiento que terminó con cinco jóvenes agredidos y torturados el pasado fin de semana en Ercilla. Anunció acciones legales contra quienes resulten responsables.
El pasado fin de semana, cinco jóvenes fueron agredidos y torturados por carabineros en Ercilla, quedando uno en riesgo vital. Episodios de represión y tortura que, según denuncian comuneros, se hacen cada vez más frecuentes en la zona de conflicto. En Cañete y en Concepción también se registraron episodios represivos por parte de la policía.
“En Chile todavía se tortura”, fue la conclusión a la que organismos de derechos humanos llegaron luego de que se conocieran las cifras que indican un aumento en las denuncias sobre estos casos, por lo que hicieron un llamado a que el Estado promulgue a la brevedad el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura como forma de cambiar la cultura de las instituciones políticas en nuestro país.
Como “nefasto” y “grave” calificaron organismos de DDHH las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, quien se mostró favorable a la entrega de beneficios carcelarios a los condenados por crímenes de lesa humanidad, y alertaron que estos planteamientos podrían perjudicar los procesos judiciales que se llevan a cabo.
Branislav Marelic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se refirió a la reciente querella interpuesta por el caso de Hugo Arispe, desaparecido desde la cárcel de Acha en Arica en 2001, y sobre los otros casos de detenidos desaparecidos en democracia, particularmente el caso de José Huenante: “Para ese caso la jurisdicción militar no da garantías”, señaló.
