Manuel Guerrero abordó la realidad social y política del país, desde el estudio plasmado en su reciente publicación “Sociología de la masacre. La producción social de la violencia”, que es un aporte a la discusión y promoción de los DDHH.
Expertos en la materia apuntaron que los dichos de la jefa comunal “no ayudan” a la consolidación de un Estado democrático de derecho y manifestaron su preocupación por la justificación que tendría para algunas autoridades este tipo de atropellos.
La diputada e integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja fustigó la forma en que se ha planteado el debate en torno a los temas de seguridad y la supuesta contradicción entre el apoyo a Carabineros y uso debido de la fuerza.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional, también se refirió a los proyectos de seguridad que se discuten en el Congreso: “Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es que la policía queda al margen de la ley”, dijo.
La fiscal Ximena Chong precisó que la “declaración no constituye ningún requisito previo para que se tome ningún tipo de decisión, ni de término, ni tampoco de avanzar en línea de una formalización”.
El director de Amnistía Internacional bordó la declaración ante la justicia que debe dar hoy el general Yáñez, por apremios durante el estallido y precisó que el respeto a los DD.HH. no tiene relación con trabas a los procedimientos policiales.
La persecutora de Alta Complejidad llegará hasta la oficina de Yáñez, ubicada en el centro de Santiago, quien tendrá que dar su testimonio por una de las causas que investiga el delitos de presunta omisión de apremios ilegítimos.
La instancia de nuestra casa de estudios recordó que este tipo de afirmaciones como las proferidas contra la senadora Fabiola Campillai, provocan un proceso de revictimización y a la vez se trata de un negacionismo de las violaciones a los DDHH.
Se trata de cuatro de los seis agentes investigados, ya que uno de ellos falleció y el exbrigadier Pedro Espinoza permanece recluido cumpliendo varias condenas por delitos contra los DDHH en el penal de Punta Peuco.
La parlamentaria afirmó que la legisladora “no es totalmente ciega”. Sus expresiones encontraron el rechazo transversal incluyendo al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Tenemos la “obligación moral de respaldar a la senadora”, apuntó.
El embajador de Chile en Suecia aseveró que “nosotros como familia fuimos víctimas de un indulto otorgado por él a un criminal de Punta Peuco, que se convirtió en uno de los procesos de indulto más negligentes que se realizaron en nuestro país”.
Los nuevos hechos e información aportada son el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2022, emanado por el Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales y los antecedentes del caso de la víctima, Moisés Órdenes Corvalán.
