La exministra y senadora comunista consideró esencial reformular los protocolos de Carabineros sobre la base del respecto a los Derechos Humanos. “Ese es uno de los temas fundamentales a mi juicio para empezar a diferenciarse de lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera” aseveró la legisladora.
La muerte de una interna en la Cárcel de Mujeres de San Miguel provocó que la Corte Suprema ordenara a Gendarmería disponer de un médico permanente en el recinto penal, un fallo del Máximo Tribunal que reflejó la ausencia de políticas con enfoque de género y la precariedad del sistema penitenciario del país.
El abogado Samuel Donoso ingresó el documento a la Corte de Apelaciones el mismo día en que el Séptimo Juzgado de Garantía rechazó la petición para suspender la audiencia donde se debatirá la formalización del ex mandatario. El profesional argumenta que Urrutia demostró no ser imparcial sobre el tema.
La subsecretaria de Bienes Nacionales, Marilén Cabrera, se presentó en el lugar para constatar en persona el daño hecho a este emblemático sitio de memoria y comprometió al Gobierno para relevar el papel histórico de los sitios de memoria.
Libertad a los presos de la revuelta y apuntar a la justicia social son algunas de las definiciones de la legisladora comunista y ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Sobre la situación en el sur del país, Pizarro subrayó que se debe dejar de naturalizar los atropellos contra el pueblo mapuche, avanzar en su reconocimiento y terminar con la militarización del Wallmapu.
La administración Piñera no ha quedado en el pasado para el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Esto en cuanto a que el organismo que representa elevó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el ex mandatario junto a otros ex funcionarios por la perpetración de delitos contra la humanidad durante el estallido social. Un expediente que recientemente fue engrosado con nuevos insumos que darían cuenta que el caso es de la competencia del máximo tribunal.
La diputada del Partido Comunista y presidenta de la comisión de Defensa de la Cámara se refirió a la llegada de Javier Iturriaga a la comandancia en jefe del Ejército y al documento donde la institución reconoce su participación en las violaciones a los DD.HH. cometidos durante la dictadura.
Las agrupaciones de familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos señalaron que el documento dado a conocer hace algunos días no aporta a la verdad y la justicia y solo pretende justificar la acción del cuerpo armado. “Hubo una acción represiva articulada por un Estado que se puso al servicio del crimen”, precisaron las organizaciones humanitarias.
“En 50 años, ¿cómo vamos a tener más de mil detenidos desaparecidos? ¿Cómo no vamos a saber qué pasó? Ahí hay una actuación muy importante de funcionarios que comprometieron el honor del Ejército (…). Entonces, es hora de entregar la información, transparentar esa parte oscura del pasado y tienen las posibilidades de hacerlo”, dijo el abogado de derechos humanos.
Dago Pérez es un reconocido naturópata y practicante de la cultura rastafari y como tal desarrolla medicinas a partir del cultivo de canabis. La PDI realizó un allanamiento a su domicilio a partir de una denuncia anónima bajo la Ley 20.000 que sanciona el tráfico de estupefacientes. La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos consideró el hecho como una aberración.
“Tras semanas de escalada, ha dado comienzo una invasión rusa que probablemente tendrá espantosas consecuencias para los derechos humanos y las vidas de las personas”, sostuvo Agnès Callamard, secretaria general de la ONG.
El abogado Rodrigo Bustos instó al Ejecutivo a cumplir con su deber de regular la migración con estricto apego a las normas internacionales en materia de derechos humanos, vigentes en el país.
