El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago podría heredar el caso que ahora tiene el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Independiente de la decisión, el fiscal de Magallanes seguiría al mando de las pesquisas.
Psicóloga detalla situaciones de violencia previas contra la víctima y humillación por parte de imputado de femicidio frustrado. Funcionaria de Carabineros detalló la brutal agresión según los primeros interrogatorios que realizó a la propia víctima.
Los crímenes cometidos por los militares chilenos durante el régimen pinochetista ya empezaron a ser castigados: algunos miembros del Ejército, Aviación y Carabineros han sido juzgados y condenados. No así los de la Armada, quienes tuvieron importante participación en el golpe de Estado contra Salvador Allende y en la represión que siguió. El mes pasado, el edificio de la Academia de Guerra Naval –centro de detención y tortura de la dictadura– fue derruido. Víctimas que sobrevivieron a la llamada “Colina del Terror” asumen que con esa demolición la Marina pretende borrar sus huellas criminales.
La jueza aceptó el argumento de la defensa que explicaba que las detenciones eran ilegales porque no se les especificó los hechos que se les imputaban.
El fiscal a cargo habría presentado fuera de plazo la solicitud de ampliar el tiempo de investigación. Este miércoles se analizará el recurso de reposición. De lo contrario, se podría determinar el fin de la causa. Desde Cerro Navia piden más tiempo antes de dictar condena.
Después de años de denuncias de graves irregularidades en la planificación territorial del borde costero norte, vecinos de la localidad de Los Molles confían en que el Ministerio Público aclare las responsabilidades involucradas.
Los capturados serán trasladados a Punta Arenas, fiscalía a cargo de la institución.
El 17 de junio de 2014, la Corte Suprema había dejado sin inmunidad parlamentaria al diputado, por su responsabilidad en los homicidios calificados de Próspero del Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro Calfuquir Hernández y José Eduardo Monsalve Sandoval, ilícitos perpetrados el 20 de septiembre de 1981, en el sector de Remeco Alto, comuna de Panguipulli.
El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, confirmó que hasta ahora se registran quince funcionarios involucrados en el fraude al interior de la institución. El primer traspaso irregular data del 21 de abril de 2011 y los últimos fueron en noviembre de 2015. “Es primera vez que la institución tiene un acto delictual de esta naturaleza y pretendemos que las vulnerabilidades cambien”
Condenado por violar a una mujer en 1999, el tenor había sido contratado por la Municipalidad de Providencia para cantar en el acto gratuito organizado en Plaza Uruguay. Luego de pensarlo, decidió suspender su participación.
Como inaceptable calificó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis la decisión de la justicia de decretar la quiebra de la casa de estudios, poniendo por encima los derechos de los acreedores por sobre el derecho a la educación de sus estudiantes. Además, responsabilizó al Ministerio de Educación por el agravamiento de la crisis de la institución.
Con esta decisión del Cuarto Juzgado de Civil de Santiago, el cierre definitivo de la universidad es inminente.
La ONG califica de vergonzosa la investigación que busca determinar a los responsables del asesinato de la líder indígena que murió el 2 de marzo pasado. La directora para América dice que “el mensaje es claro: si tu labor de derechos humanos molesta a los que tienen el poder, te matarán”.
El querellante Hugo Gutiérrez argumentó que está acreditada la participación del exmandatario en el uso de información privilegiada para la compra de acciones de la empresa pesquera Exalmar. Otras voces de la Nueva Mayoría aseguran que el fiscal beneficia a Piñera con sus declaraciones.
El ex brazo derecho de Carlos Délano y Carlos Lavín padecía cinco enfermedades. Su declaración fue clave para poder abrir la investigación en el caso Penta.
Matías Ramírez dijo que, una vez que termine la reserva de la investigación, pedirán las diligencias necesarias para conocer los detalles de la inversión que la compañía hizo en la pesquera peruana Exalmar.
La decisión la tomó la Corte Suprema, luego que Paulina Estay, estudiante atacada por Carabineros el 21 de mayo de 2015, pidiera que se le quitara la competencia del caso a la justicia militar que ya había sobreseído a los uniformados investigados. De este modo, los antecedentes de la agresión con luma y escudo serán destinados al Juzgado de Garantía de Valparaíso.
