La defensa del exuniformado, a quién se le investiga la autoría de los disparos que cegaron al joven psicólogo, pidió una cautela de garantía denunciando firmas falsas desde la PDI. Desde los querellantes acusaron un fin dilatorio en esta acción
El parlamentario descartó un conflicto de interés luego de que pidiera revisar la prohibición para que familiares de legisladores opten a cargos de notarios, dado el trabajo de su esposa: “Esta ley no le afecta en nada”.
El parlamentario además afirmó que esperan que luego de las declaraciones del abogado ante la Fiscalía, Luis Hermosilla sea formalizado y se pueda dilucidar que otras actores eran parte de su red de corrupción.
Por el momento, el trabajo de Fiscalía y el OS7 de Carabineros se centra en afinar los detalles de las imputaciones en el caso que fue abierto por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.
El tribunal de segunda instancia mantuvo lo resuelto por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando, que decretó hace una semana la medida cautelar.
A los hermanos Jefferson y Felipe Antihuen Santi se les imputa los delitos consumados de: incendio del vehículo policial institucional, porte ilegal de armas de fuego, y el traslado de restos humanos con infracción a los reglamentos de sanidad.
Según consignó La Tercera, esta medida se encuentra contemplada en el estatuto administrativo de la institución y se adoptó mientras se desarrolla la investigación interna.
El diputado UDI, Henry Leal, instó a que ahora se establezcan “condenas ejemplares” y se dé una “señal clara de protección a nuestros carabineros”. Del mismo modo, el senador DC, Iván Flores, llamó a la justicia a actuar “con la mayor dureza”.
El fiscal Roberto Garrido, afirmó que la detención de los sospechosos se trata de un paso muy importante en la investigación y que permitirá recabar aún más antecedentes. La formalización de los presuntos responsables será esta tarde.
A partir de la resolución, el máximo tribunal de Justicia reafirmó la condena de 23 años de cárcel impuesta contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco.
Funcionarios del OS9 por instrucción de la Fiscalía de Alta complejidad de O’Higgins incautaron celulares a gendarmes de la cárcel de Rancagua luego que se abriera una investigación de oficio por presuntos delitos de tráfico de influencias.
Los manifestantes pidieron también la salida del Senado de su hijo, Javier Macaya, quien ya se vio obligado a renunciar a la presidencia de su partido, la Unión Demócrata Independiente (UDI).
El tribunal determinó que el empresario deberá regresar a la cárcel de Rancagua para cumplir la pena efectiva en la cárcel, mientras se resuelven los recursos judiciales que interpuso su defensa para impugnar la condena.
La alcaldesa de Providencia enfatizó que la desigualdad de trato es “uno de los dolores más grandes de Chile”. Además, destacó que “los ojos” de todo el país están pendientes de lo que ocurre con el caso del empresario.
La vocera de Gobierno lamentó que el senador Macaya declarara contra las denunciantes. Por su lado, la diputada Ana María Bravo tildó la nueva información de “indignante” y llamó al ex presidente de la UDI a “enfocarse en la protección” de NNA.
La presidenta de la Comisión de Probidad relevó que las bandas criminales cometen delitos no solo por “una visión sádica”, sino que también con un fin económico. Para ello, necesitan una institucionalidad débil que no cumpla las normativas
La diputada del Frente Amplio señaló que la renuncia del senador de la UDI a la presidencia de su partido es insuficiente. A su juicio, falta “un pronunciamiento partidario y un compromiso en serio con los niños y niñas”.
