Desde Uruguay, el expresidente llamó al progresismo a aprender de sus derrotas sin renunciar a sus banderas, cuestionando la idea de que el camino para volver a ganar sea simplemente moderar sus posiciones.
El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, junto a parlamentarios de la colectividad, planteó reactivar un proyecto presentado hace más de dos años que busca elevar nuevamente los quórums para modificar la Carta Fundamental.
Los parlamentarios Andrés Longton y Rojo Edwards valoraron la apertura del ministro de Seguridad a modificar aspectos de la iniciativa, y adelantaron sus principales reparos al nuevo estado de excepción propuesto por el Ejecutivo.
Tras revelarse que la aceleración de proyectos impulsada por Hacienda habría beneficiado al hermano de Quiroz, el diputado Jaime Bassa (FA) afirmó que existen “serias dudas” sobre “la transparencia y probidad” del jefe de la billetera fiscal.
La exintegrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional además cuestionó que el nuevo estado de excepción que propone el Gobierno entregue al Presidente facultades “equivalentes” a las de un contexto de guerra externa.
Ante el intenso debate que suscitó la iniciativa del Gobierno, el analista político Tomás Duval apuntó que la intención del Ejecutivo es recuperar la agenda de seguridad y “correr el cerco” respecto a los debates en la materia.
La Premio Nacional de Periodismo y autora de “El poder de la UDI. 50 años de gremialismo en Chile” señaló que el gobierno de José Antonio Kast pareciera querer “terminar de hacer lo que creen que no se hizo hace más de 50 años con la dictadura”.
El presidente de la Comisión de Seguridad aseguró que la intención del Ejecutivo con la iniciativa es “dividir” a las fuerzas políticas, y sostuvo que sería “una locura” aprobar un proyecto que calificó como “absolutamente ideológico”.
El excoordinador de seguridad de la Macrozona Sur durante la administración de Sebastián Piñera sostiene que el estado de emergencia vigente ya permite desplegar las herramientas que busca incorporar el Ejecutivo mediante un cambio a la Constitución.
La iniciativa contempla un nuevo estado de excepción, cambios en las atribuciones del Ejecutivo y un mecanismo para declarar organizaciones terroristas. La propuesta deberá reunir apoyos fuera del oficialismo para avanzar en el Congreso.
El diputado Patricio Pinilla afirmó que existía un borrador avanzado de la acusación constitucional, pero la Democracia Cristiana decidió restarse de la acción, pese a la ausencia de la extitular de Seguridad en la CEI que revisa su caso.
Según el organismo fiscalizador, el jefe comunal participó en actos administrativos relacionados con estas contrataciones y situaciones laborales, pese a la existencia de vínculos que exigían abstención.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que los cambios a la Constitución establecerán “algunas inhabilidades particulares y no generales” para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.
La nueva presidenta del Frente Amplio fijó una hoja de ruta que contempla articular una agenda común con la oposición y el mundo social para enfrentar los “retrocesos” que atribuye al Gobierno, con el objetivo de levantar propuestas propias.
El Mandatario además adelantó que este lunes ingresará al Congreso la reforma constitucional en seguridad. En respuesta a las críticas a la iniciativa por la restricción a prestaciones sociales, aseguró que “no se va a pasar a llevar ningún derecho”.
“La Constitución no puede transformarse en un catálogo de medidas ni modificarse cada vez que enfrentamos un problema de política pública”, señaló la senadora Andrea Balladares.
La diputada lideró la lista “Unidad para Avanzar” y obtuvo el 54,7% de las preferencias en los comicios internos de la colectividad, registrando una participación de más de 10 mil militantes.
