Tras el encuentro con el Presidente Kast, los timoneles de la UDI y del Partido Republicano entregaron su apoyo al titular de Justicia. “Actuó en función de lo que mandatan la Constitución y la ley”, aseguró el senador Arturo Squella.
El portavoz de La Moneda descartó que el Gobierno buscara “favorecer a delincuentes” con la polémica rebaja de penas. Aseguró que esperan “corregir este hecho” vía legislativa y que el ministro Rabat cuenta con toda la confianza del Presidente Kast.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció que impulsará con discusión inmediata un paquete de proyectos “para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”.
El exalcalde realizó la solicitud a pocos días de una importante audiencia en el marco del caso Farmacias Populares. La jueza Lilian Sáez, del Tercer Juzgador de Garantía de Santiago, argumentó que el tratamiento también está disponible en Chile.
El diputado PPD, Carlos Bianchi, pidió al Gobierno volver a los incrementos de no más de 30 pesos que se realizaron en la administración anterior. En tanto, el militante del PDG, Juan Marcelo Valenzuela instó a “duplicar” las ayudas sociales.
Mientras algunos buscan impulsar proyectos de ley y defienden la justificación del ministro de Justicia para otorgar el beneficio, figuras como Evelyn Matthei y Karla Rubilar cargan contra el Gobierno.
El senador del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Trabajo afirmó que el Ejecutivo “ha sido evasivo” frente a la afectación de las pensiones. El parlamentario afirmó que se debería compensar a los afiliados.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), anunció una ofensiva legislativa y solicitó antecedentes al Ministerio de Justicia tras conocerse 56 reducciones de condena a sentenciados por delitos sexuales a menores.
Los senadores Squella (Republicanos) y Longton (RN) acusan un incumplimiento de lo pactado entre las bancadas, mientras el Socialismo Democrático defendió que la designación de Vlado Mirosevic (PL) no invalida el documento firmado.
El subsecretario de Gobierno, Gonzalo Arenas, promete un estilo directo y pedagógico. La oposición cuestiona que su llegada resuelva las dificultades del Ejecutivo y analistas apuntan a la necesidad de respaldo político y las atribuciones del cargo.
La comisión mixta, encargada de resolver las diferencias con la Cámara de Diputados, acordó aumentar de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso y otorgar mayores facultades a los organismos públicos que participan del proceso.
El exdiputado y decano de la Universidad San Sebastián asumirá la Subsecretaría General de Gobierno y se reunirá este jueves con el biministro Claudio Alvarado. Desde La Moneda señalaron que Lagos seguirá colaborando con el Presidente.
Parlamentarios de oposición señalaron que no basta con la fiscalización que anunció la Superintendencia de Pensiones ni con las acciones del Congreso, por lo que instaron al Ejecutivo a presentar un proyecto de ley para compensar a los afectados.
El proyecto elimina la facultad de presentar querellas criminales, reduce el Consejo y modifica la presencia territorial del organismo. Parlamentarios advierten que los cambios limitarían seriamente su capacidad para defender los derechos humanos.
La presidenta de la Cámara Alta tomó la determinación tras las peticiones de los comités parlamentarios de la oposición y el oficialismo. “Hoy daré cuenta en la sala y la citaré a la brevedad”, declaró.
El ente fiscalizador anunció este martes que dará curso a una indagatoria en contra de las siete administradoras de fondos de pensiones, para determinar si cumplieron con sus deberes de “lealtad y diligencia”.
“Cuando aparecen estos actores que están a la derecha de la derecha tradicional, lo que hacen es tensionar el sistema democrático”, advirtió el coautor de “La ultraderecha en América Latina”.
