“El gobierno miente. El ministro y el subsecretario mienten”. Así de tajante es Luis Polo Lillo, vocero de la Red de Televisoras Comunitarias y Populares de Chile, en relación a la recientemente aprobada Ley de Televisión Digital. Y es que mientras los parlamentarios, el gobierno, los grandes medios y las empresas de telefonía celebran el fin de cinco años de tramitación legislativa, los medios comunitarios, las organizaciones sociales y quienes trabajan por la democratización de las comunicaciones lamentan que las cerca de seiscientas indicaciones que lograron introducir al proyecto de ley original hayan sido en vano y el resultado, aseguran, será una televisión incluso más concentrada en términos de su propiedad que la que existe actualmente.

“Vamos a tener una televisión muy parecida a la que tenemos ahora, aunque el acceso a las concesiones seguramente va a ser más concentrado que el actual, por lo tanto, no vemos que vaya a aumentar ni la diversidad de los contenidos ni la diversidad de actores con acceso a las concesiones”, afirma Chiara Sáez, doctora en comunicación y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile.

Ya lo adelantaba el diputado Hugo Gutiérrez durante la discusión en la Cámara: “Sin entrar en el debate de la propiedad de las estaciones televisivas, el proyecto consolida la presencia de los actuales canales, en detrimento de otros canales emergentes, muchos de ellos de carácter comunitario, social y regional, que luchan por tener un espacio de sintonía (…) El país perdió la oportunidad para diversificar la representatividad social de la televisión y garantizar programación cultural y educativa”.

De acuerdo a los críticos de la nueva normativa, el aplaudido cuarenta por ciento que reserva para medios regionales, locales y comunitarios y del que se vanaglorian los políticos destacando que se trata de una ley que impulsa el pluralismo, en la práctica tiene el efecto exactamente contrario.

“El cuarenta por ciento es una trampa. Es para canales regionales y locales, ambos tipos de canales sólo pueden ser comerciales, la señal educativa también es privada. El noventa por ciento del espectro se va a dedicar a proyectos comerciales, excluyendo a TVN y a la televisión comunitaria que sea capaz, por sí sola, de tener el dinero para poder acceder a una frecuencia, lo cual es un poco iluso”, explica Chiara Sáez, quien también forma parte de la Mesa de Ciudadanía y Tv Digital.
Desde la perspectiva del director de Señal 3 de La Victoria, con esto, el gobierno y los parlamentarios, “le están haciendo el juego de entregarle la mayor cantidad de concesiones a las empresas y a los grandes consorcios”, y agrega: “Venimos hace más de seis meses pidiéndole una reunión a don Jorge Atton (subsecretario de Telecomunicaciones) para saber cómo se va a repartir el espectro y no nos ha querido recibir, y es porque tiene algo escondido”.

Pese a los requerimientos que desde distintos sectores se han hecho a la Subtel para conocer cuántas concesiones se entregarán y cuándo, el detalle aún permanece en misterio.

La puerta abierta a esta nueva privatización encubierta de un bien nacional, como lo es el espectro radioeléctrico, se genera porque la ley pone en el mismo saco a los canales regionales, locales y comunitarios, diferenciándolos solamente por área de cobertura y no por contenidos o propiedad.

“En Chile no tenemos televisoras regionales, la ley crea esta figura, pero no se hace cargo de decir quiénes van a ser los agentes, lo deja a las fuerzas del mercado y los tiburones se comen a los pececitos pequeñitos”, aclara la doctora en comunicaciones.

De hecho, estos nuevos canales no tendrán la obligación de emitir contenidos regionales o locales, ni siquiera de pertenecer a actores vinculados a estas comunidades, por lo que perfectamente pueden adquirirlos grandes conglomerados o empresas y utilizarlos para telemarketing, sometiendo a los televidentes a un eterno “Llame ya” regional.

Una situación similar es lo que podría ocurrir con la promesa de evitar la concentración de medios estableciendo que los grupos económicos nacionales o extranjeros sólo podrán acceder a una concesión por localidad. Para contravenir esta medida bastaría con comprar una señal por localidad y ¡listo!: una red nacional de televisión al servicio de privados, chilenos o extranjeros. Pero además de dejarle a los grandes consorcios comunicacionales la pelota rebotando para el gol en este punto, los parlamentarios decidieron anular el principio de reciprocidad que se había establecido en un comienzo y que estipulaba el derecho de los chilenos a adquirir señales en el extranjero cuando eso ocurriera en el país.

Pero a quienes sí pone condiciones son a los canales comunitarios. “Tenemos muchas más restricciones que las públicas o las locales. Nos restringen y nos dicen cómo nos tenemos que desarrollar, incluso, nos prohíben enlazarnos en cadena. Nos limitan a salir a dos, tres, cuatro cuadras a la redonda ¿Hay alguna definición para televisión privada? Pero a nosotros nos definen. Saldría más fácil conseguir un permiso para televisión privada que comunitaria”, asegura Lillo.

Pero sin duda la mayor traba que enfrentan los canales comunitarios en ese nuevo escenario tiene que ver con el alto costo que implica el cambio desde la tecnología análoga a la digital. Desde la Señal 3 comentan que un nuevo transmisor vale diez millones de pesos, una cifra imposible para un proyecto autogestionado que reúne recursos con entre los vecinos y los fines de semana en la feria.

La académica del ICEI aclara que si bien se establecieron fondos públicos, no están pensados para ser entregados a los medios comunitarios. Sólo a los canales locales que tengan una inversión previa de al menos treinta millones de pesos, la Subsecretaría de Telecomunicaciones les va a prestar equipos digitales de prueba por un tiempo limitado. Luego, deberían postular a créditos para adquirir nueva infraestructura.

Los fondos concursables del Consejo Nacional de Televisión, a los que sí pueden postular los medios comunitarios, se renuevan año a año y están destinados solamente a financiar proyectos de contenidos, es decir, no se pueden utilizar para comprar infraestructura que permita pasar a la era digital.

Considerando estos factores, la celebrada nueva ley de TVD más que aumentar las posibilidades para el pluralismo y para combatir la inequidad en el acceso a los medios de comunicación existente en Chile, se ha convertido, especialmente para los canales comunitarios, en el lobo con piel de oveja.

“Es un muy mal precedente porque frente al lobby de las empresas, los medios comunitarios no tienen ninguna posibilidad. Aquí se hizo lobby desde una mesa ciudadana donde convergieron universidades, Fucatel, el Colegio de Periodistas, radios comunitarias, cineastas, actores de renombre, hicieron documentos con expertos, mandaron seiscientas indicaciones, revisaron la legislación comparada, y no se logró nada. Es frustrante para la sociedad civil que trabaja con temas de comunicación”, manifiesta Juan Ortega, periodista a cargo del Programa de Comunicación Social de Base en la ONG ECO, Educación y Comunicaciones.

Es por eso que los canales ya adelantan que presentarán un requerimiento al Tribunal Constitucional y, si es necesario, a instancias internacionales. Aunque tampoco descartan otro tipo de presión: “Tendremos que tomarnos alguna embajada, algunos ministerios, recurrir a acciones de fuerza mayor. Estamos planificando acciones de fuerza porque no hemos sido escuchados ni por el gobierno, ni por los parlamentarios, ni por nadie”, afirma Polo Lillo.

Los expertos aseguran que, además de atentar contra el derecho de la ciudadanía a comunicarse libremente, este tipo de legislaciones contribuye a mantener en la ilegalidad a los medios comunitarios pues, al ser reconocidos por la ley no reciben ningún beneficio, por el contrario.

“En cinco años más los medios comunitarios van a estar fuera de la legalidad porque no van a tener los medios para acceder a las licencias”, adelanta Ortega, mientras que el director de Señal 3 de La Victoria anuncia que no se dejarán avasallar. “Si el Estado nos quiere acallar, vamos a tener que seguir funcionando como lo hemos hecho durante estos 18 años: clandestinamente, ilegalmente, con todo orgullo. A morir con las botas puestas”.