Diez días tiene el alcalde de Talca, Juan Castro (UDI), para responder a la demanda que cuatro concejales de la capital del Maule presentaron al Tribunal Electoral Regional (TER) por ocho cargos que fueron declarados admisibles por el ente fiscalizador.

Los concejales Sixto González (PC), Hernán Astaburuaga (PS), Rubén Albornoz (DC) y el UDI Ricardo Fernández presentaron el recurso judicial por notable abandono de deberes y faltas a la probidad.

Son varios los antecedentes de irregularidades cometidas por Castro en el ejercicio de su cargo, pero es la actitud permanente de desacato a los máximos tribunales del país lo que tiene al alcalde en una situación compleja.

Tanto la Corte Suprema, como la Corte de Apelaciones y la Contraloría General de la República recomendaron al alcalde revertir procesos irregulares en distintas materias.

Algunos temas son la no licitación de la venta de seguros automotrices, trámite traspasado directamente a una empresa particular; compras directas en forma reiterativa por montos superiores al que permite la normativa vigente; y la adquisición de basureros para todos los habitantes de Talca, donde se habría pagado un sobreprecio de más de 50 millones de pesos.

Los concejales alegan que tampoco resguardó el patrimonio histórico de la ciudad, en relación a las Escuelas Concentradas y la Biblioteca Regional, edificios abandonados pese a la existencia de recursos focalizados para su reparación.

Peor aún es la situación del Mercado Central, que durante el verano fue destruido por un incendio, luego que los locatarios insistieran por años en su reparación.

Los concejales aseguran que continúan apareciendo irregularidades y que seguirán presentando los antecedentes cuando corresponda.

El concejal del Partido Comunista Sixto González asegura que esto se hizo con mucha seriedad y sabiendo el impacto que esto pueda generar en la comuna. “Todas estas cosas se las dije al alcalde directamente, ya sea en Concejo o en alguna reunión en particular. Siempre le dije, hay otros concejales que incluso son cercanos al alcalde y coinciden, pero no se atreven a dar el paso”, señaló.

El concejal agregó que el alcalde no ha actuado solo y que existen recursos judiciales que también se presentarán, aludiendo a otros jefes de departamento. “Hay un círculo, está el jefe del DAEM, está el jefe de gabinete Juan Valdebenito, que está implicado absolutamente. No cabe dudas”, indicó.

En Talca la UDI está dividida. El concejal gremialista Ricardo Fernández se hizo parte de la demanda, por lo que ha recibido insultos, lo han tratado de díscolo y de desleal, por el propio alcalde.

Fernández defiende su posición y, al igual que González, plantea que esto fue informado con antelación y que es un precedente para que otros representantes no sigan votando a favor de medidas que vayan en contra de sus principios.

“No cabe duda que es responsable y cada una de las direcciones tiene responsabilidad. Pero quien encabeza la administración es responsable de las anormalidades. Esperamos que el Tricel las resuelva lo antes posible”, manifestó.

Pese a que no fue parte de la demanda, el concejal RN Marcelo Rojas legitimó la acción de sus pares y aseguró estar atento a lo que pueda dictaminar la justicia: “Leí la demanda y hay cosas que mis colegas estiman que están acogidas a derecho. Es un deber de los concejales fiscalizar. Esto tendrá un impacto tremendo en la comuna, sea positivo o negativo. Los tribunales tendrán que pronunciarse”, aclaró.

Este miércoles se presentarían nuevos antecedentes ante la Contraloría, en los que se detallan irregularidades que se sumarán al expediente del alcalde Juan Castro.