Preocupación existe en algunos sectores políticos por lo que consideran un alza injustificada de los sueldos de asesores del ministerio de Hacienda, como también de la Presidencia y otras carteras. Esto, en comparación a los montos asignados durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Según los parlamentarios denunciantes, se trata de 37 funcionarios, apuntando principalmente al círculo más cercano del ministro Alberto Arenas.

Así lo confirma el diputado RN José Manuel Edwards, quien asegura que se trata de incrementos arbitrarios, lo que en el contexto de la Reforma Tributaria, les permitirá beneficiarse por la baja de impuestos a los tramos de quienes reciben más ingresos.

Por ello, plantea la necesidad de determinar la legalidad de las disposiciones, sin descartar la solicitud de una comisión investigadora.

“El ministro Arenas, la Presidencia y otros ministerios tienen que dar una explicación de por qué se están pagando sueldos millonarios a tantas personas. Creemos que esto se presta perfectamente para que el Estado esté pagando favores políticos con altos sueldos”, acusó.

En cuanto a sus argumentos, plantea que “la Constitución y la ley de Administración del Estado dice que las decisiones de la autoridad deben tener razonabilidad y no pueden ser arbitrarias. Por lo tanto, hemos exigido, en los 37 casos investigados, que se nos dé una explicación de los aumentos indiscriminados en los sueldos de estos asesores”.

Dentro de los casos de Hacienda, destaca Fernando Dazzarola, asesor del gabinete ministerial, con una remuneración de seis millones de pesos, mientras que quien lo antecedió, Juan Bravo, tenía un ingreso de tres millones 25 mil 608, es decir, una diferencia de 98 por ciento.

También con seis millones de pesos aparece Sandra Novoa, asesora de comunicaciones del ministro, cargo que en el anterior gobierno ocupó Lucy Bennet, con un sueldo de cuatro millones 771 mil 97, lo que equivale a un 25 por ciento menos.

Asimismo, figura Enrique Paris Horvitz, contratado por seis millones 500 mil pesos como coordinador de la unidad de gestión de la subsecretaría, superando en un 19 por ciento el sueldo de Guillermo Sarabia, su antecesor durante la administración de Piñera, quien recibía cinco millones 460 mil.

Frente a estas denuncias, el diputado Pablo Lorenzini, presidente de la comisión de Hacienda, insiste en que tanto el ministro Arenas como el subsecretario Alejandro Micco le han asegurado que no existen tales aumentos, y que incluso corresponden a montos menores a los entregados en el gobierno anterior, por lo que se trataría de información errónea.

En ese contexto, reconoce que deben existir ciertos límites para quienes no tienen mayores responsabilidades, políticas o administrativas, como son los asesores.

“Está bien, los asesores ayudan, tal como lo hemos visto en la Reforma Tributaria. Los empresarios podrán pagar mucho por sus asesores, pero en el gobierno no pueden ganar más que un ministro, un subsecretario o que las autoridades. Aumentos pueden haber, porque cada gobierno privilegia las asesorías que requiere. Pero más que los aumentos, lo que me interesa es que los montos sean razonables y que no tengamos asesores políticos, sino que cumplan funciones adecuadas”, advirtió.

En cuanto a las críticas opositoras, plantea que “es válido el cuestionamiento, pero en el caso del diputado Edwards lo está haciendo como revanchismo político, porque también criticamos varios de los asesores que ellos tenían en el gobierno anterior”.

Respecto de las asesorías a la Presidencia, destaca María Eugenia Paris, quien se desempeña como directora de programación, con un sueldo de seis millones 479 mil 668 pesos, un 30 por ciento más de lo que se le pagaba a su antecesora, María Irene Chadwick, con un monto de cuatro millones 521 mil 187.

Aparece también Haydeé Rojas, directora de prensa, con un sueldo de cinco millones 787 mil 482, mientras que en la anterior administración Carla Munizaga recibía cuatro millones 520 mil 893, es decir, un aumento de 22 por ciento.

En los casos de Pedro Güell, director de políticas públicas, y Rodrigo Uribe, director de estudios del gabinete presidencial, cada uno recibe una remuneración de seis millones 479 mil 668. Esto, considerando que en el gobierno de Piñera, Ignacio Rivadeneira cumplía ambas funciones, con un sueldo de seis millones 701 mil 363.

Desde la Fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada, directora de investigación e incidencia, asegura que no se trata de ilícitos, pues las autoridades tienen la libertad de fijar aquellos montos, aunque sí podría representar un cuestionamiento ético.

“Hay ciertos cargos que están a honorarios, los que no se rigen por la escala única de sueldos. Entonces, ahí existe plena voluntad de la autoridad para fijar los sueldos. Y la ley tampoco establece que tenga que consultarse a la Contraloría o a alguien en particular respecto de ese tema”, aclara.

Sin embargo, propone que “la discusión va más bien por un lado ético, si se está discutiendo el sueldo mínimo o cuánto ganan las autoridades. Ahí podría discutirse éticamente, como ocurrió con el proyecto de los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, sobre el sueldo de las autoridades en comparación a los ciudadanos comunes”.

Además, insiste en que lo fundamental es la transparencia, por lo que el Gobierno está obligado a publicar en sus páginas web la información sobre las personas contratadas, las funciones que cumplen, el sueldo que reciben y la constatación de que poseen las capacidades para desempeñarse en las respectivas actividades.

Cabe destacar que si bien la información se encuentra disponible en Transparencia Activa, a través del sitio www.gobiernotransparente.cl, la propia María Jaraquemada plantea que no se han actualizado oportunamente los datos sobre quienes han ingresado al Gobierno.