Durante esta semana en el terreno de Pilmaiquén los comuneros mapuche mantienen una férrea defensa contra la empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A que pretende ingresar al territorio las maquinarias para comenzar las obras de construcción de una central hidroeléctrica que, según afirman, destruiría un territorio sagrado. Mientras, los voceros del conflicto enfrentarán un juicio oral, acusados incendiar un fundo a inicios del 2013 y después de más de un año de investigación.

El estudio de impacto ambiental del 2009, de la empresa Pilmaiquén S.A, hoy denominada Electricas sur S.A sostiene que en el sector “no existen comunidades o espacios sagrados que proteger”, argumento que sustenta la construcción de la Central Hidroeléctrica Osorno, que se emplazará entre la región de Los Lagos y Los Ríos, buscando aportar una energía anual de 343 gigawats.

Sin embargo, las comunidades mapuche-huilliche de los sectores de Maihue, El Roble y Carimallín, directas afectadas con este proyecto de inversión, sostienen que no sólo ellos recibirán el impacto, sino que todas aquellas comunidades que habitan en la zona y que hacen uso del complejo ceremonial sagrado del “Ngen Mapu Kintuante”, y otros seres que protegen, dan vida y sustentan la cosmovisión mapuche, que habita la zona que sería inundada con esta iniciativa.

Ya han acabados todos los plazos legales para la construcción y por ende la oposición se ha incrementado. Por lo mismo, del 15 al 22 de septiembre los dirigentes convocaron a la “Semana de agitación por la defensa Ngen Kintuante y el río Pilmaiken” donde ya se han producido tomas, desalojos y retomas en un terreno ocupado desde el pasado viernes 12 de septiembre.

En conversación con Radio Universidad de Chile la machi Millaray Huichalaf se refirió a la tensión con la empresa y con el Estado, por proteger lo que considera “un proyecto genocida”, por lo mismo, afirmó que se están oponiendo “a cualquier negoceo, cualquier venta de Kintuante”, defendiendo con sus cuerpos lo que creen sagrado.

“Esto obedece a una arremetida judicial parte de este Estado que persigue, reprime y que cada vez está profundizando e hilando más fino en cuento a la Ley Antiterrorista. Nosotros creemos que no hay solución por parte del Estado, por lo mismo nosotros tomamos la solución pro nuestra forma, nuestra propia normativa de controlar nuestros espacios, porque sin ellos nosotros perecemos, morimos”, afirmó y añadió: “no queremos ser acomodados a lo que diga el Estado hoy, rechazamos cualquier tipo de mitigación que proponga porque no se comprende simplemente nuestra lógica de vida”.

La arremetida judicial a la que apunta la Machi es el juicio oral que comenzará el próximo 27 de octubre en los Tribunales de Valdivia, que debiera extenderse por 10 o 15 días hábiles, donde se acusa a cuatro comuneros de la quema del fundo Pissú Pisué en Mantilhue, comuna de Río Bueno, donde Millaray Huichalaf y el también machi Tito Cañulef son acusados de encubridores.

Para ella sólo se busca deslegitimar “la lucha digna” y afirmó que este juicio obedece a un montaje político judicial: “Se lleva a un juicio a gente que ha sido rostros visibles, voceros públicos de la lucha a quienes los vinculan con un hecho aislado ocurrido en un lugar alejado a nuestra lucha. No nos hacemos cargo porque no tuvimos participación y el ministerio público en conjunto a fiscalía no ha sido capaz de demostrar participación alguna y no lo va a hacer porque no existen las pruebas. Lo único que existe dentro de las carpetas de investigación, lo que la policía, la ANI, pudo acreditar es la militancia política que nosotros tenemos en la causa mapuche”.

“Hoy en día el mapuche es un peligro para el estado, el sistema, por nuestra lógica natural de ver las cosas, por nuestra cosmovisión”, afirmó la Machi y añadió que “los terroristas hoy son la Central y el Estado” porque tratan de avasallarlos y transformarlos.

Manuel Andrade de la Comisión Ética Contra la Tortura puso en relieve sus palabras con los tratados internacionales el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas que protegen elementos relacionados con el respeto a la identidad cultural a los pueblos.

El dirigente afirmó que existe inquietud entre las organizaciones de Derechos Humanos sobre el juicio que se avecina, en el que afirmó se requieren observadores: “Hay una preocupación en relación a que la justicia chilena respete el debido proceso porque una parte importante de las pruebas que se han incorporado al proceso habrían sido obtenidas de manera ilegal”, dijo y añadió que esa es una preocupación que ellos tienen y que la han señalado, por lo tanto, habría que exigir al sistema judicial chileno que cumpla con el procedimiento que establece la ley”.

En tanto, la resistencia sigue allá en las comunidades. Este martes Carabineros desalojó el sector, pero los dirigentes se retomaron el terreno, según anunciaron, de forma definitiva, y convocaron urgentemente a las comunidades Huilliche y todo el pueblo mapuche, el Wallmapu, a hacerse presente a apoyar la recuperación y proteger el Rio Pilmaiquén.