Hace algunos días se conoció un informe del Instituto Forestal que hablaba acerca de los niveles de exportación que alcanzaban los diversos actores inmersos en este mercado.

De acuerdo a los datos recopilados, entre los meses de enero y agosto de este año, el 78,7% de las exportaciones corresponden a dos grupos empresariales: Angelini y Matte.

En detalle, el listado lo encabeza Celulosa Arauco y Constitución, del grupo Angelini, con una participación del 29,6%y exportaciones por US$ 1.187,4 millones, equivalentes a un incremento de 3,5% respecto de 2013.

Segundo está CMPC Celulosa, propiedad de la familia Matte, con una cuota de 19,2% y envíos por US$769,5 millones, equivalentes a un alza de 9,9%.

A estos hay que sumar otras empresas del rubro pertenecientes a estos dos grupos, que sumado a Masisa dejan solo un 18% de participación a 674 empresas pequeñas y medianas con un monto total de US$ 723,7 millones.

Este duopolio no solo reporta exorbitantes ganancias para las familias ya mencionadas, sino que se traduce en trabas y una serie de trastornos para los Pymes y las comunidades donde se emplazan.

En lo económico el efecto que se produce es uno muy similar al que ocurre en otros rubros como los pollos y las farmacias: la especulación y la colusión, que en este caso se traduce en el control que poseen estos dos grupos de las plantas procesadores a las cuales deben acceder los pequeños productores para poder exportar.

A esto hay que sumar otros aspectos que afectan a los pequeños productores como afirma el vicepresidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, Sergio Donoso, “esta gran industria, estos grandes poderes de compra, limitan el abastecimiento que pudieran tener ellos como pequeñas industrias de madera y así permanecer en el negocio, o sea, adicionalmente le hacen la vida muy difícil a la pequeña industria procesadora de madera”.

De acuerdo al Decreto Ley 701, firmado por Pinochet en 1974, el Estado otorga subsidios a la actividad forestal en nuestro país.

La bonificación establecía que quienes invirtieran en plantaciones forestales estarían exentos del pago del impuesto territorial y otros beneficios, como que no “se considerarán para los efectos de la determinación de la renta presunta, ni para el cálculo del impuesto Global Complementario”.

Dicho decreto estuvo a punto de ser prorrogado por 20 años, decisión que fue sumamente criticada por los especialistas ligados al tema, quienes recibieron como una buena noticia, la decisión gubernamental de suspender la prorroga y anunciar la redacción de una nueva Ley de Fomento Forestal.

Para Donoso son claros los puntos que debe abordar la nueva iniciativa, “estímulos a los pequeños y medianos propietarios, que se les entreguen herramientas para poder desarrollar técnicamente estas plantaciones de forma apropiada, que se mejore la capacidad de comercialización de los productos que generan y, adicionalmente, estimular el desarrollo de plantaciones con especies nativas”.

Pero la concentración de este mercado presenta otros aspectos y que tienen que ver con el impacto socioambiental que provocan en las comunidades donde se emplazan sus plantas, así lo cree el Investigador del área bosques del Comité Pro Defensa de la Flora y la Fauna, Codeff, Hernán Vercheure.

“Históricamente ha impactado la habitabilidad del sector rural, es decir, el área donde están las empresas, son áreas donde la población campesina está reducida al mínimo con todo lo que eso implica, por otro lado, las empresas monopolizan la oferta de trabajo, en el sentido que, de acuerdo a sus esquemas de funcionamiento, trabajan sobre la base de empresas contratistas que no necesariamente aprovechan la fuerza de trabajo presente en la zona”, indica Vercheure.

El investigador agrega que la presión de los mercados internacionales ha llevado a las empresas nacionales a cambiar la relación que tienen con las comunidades “las empresas están exigiendo que sus productos sean generados bajo ciertas condiciones, desde el punto de vista ambiental y social y ahí han tenido que responder, de alguna forma, a estas demandas y motivado por esto es que han ido cambiando y se han abierto a ser un poco más conscientes del impacto que generan”.

De acuerdo a lo señalado por el Gobierno, la iniciativa de Fomento Forestal ingresará al Congreso durante el próximo año. Recordemos que el proyecto forma parte de la agenda pro crecimiento, desarrollo e inversión.

Desde las empresas forestales, en tanto, consideran que “lo ideal sería un nuevo cuerpo legal reformulado que apunte más específicamente a los requerimientos actuales de los pequeños forestadores”.