Como “una broma del día de los inocentes” consideraron algunos medios de comunicación mapuche la posibilidad de que Chile se retire del Convenio 169 de la OIT en 2019.

Esto luego que el diario El Mercurio planteara que, al cumplirse  diez años de la ratificación del acuerdo, el Estado podría denunciarlo por “su controvertida aplicación” y por “ser objeto de reparos del mundo empresarial, que le atribuye responsabilidad en la paralización de millonarias inversiones”.

Y si bien el documento internacional permite esa posibilidad, desde el mundo político sostienen que el asunto está completamente fuera del debate. “No lo he escuchado de nadie”, dijo el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, para quien esto es solo una construcción de dicho diario, y por lo mismo, prefirió no pronunciarse en detalle.

Recordemos que el “Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” es un instrumento que busca garantizar la protección a este sector, en particular el derecho a ser consultados sobre materias que los afecten directamente. Chile lo aprobó en 2007, después de años de tramitación parlamentaria. Se ratificó en 2008 y entró en vigencia el 15 de septiembre de 2009.

El año siguiente (2010), el entonces Presidente Sebastián Piñera inició un diálogo para reglamentar la Consulta Indígena. Situación que fue cuestionada por dirigentes de los distintos pueblos originarios, quienes lo acusaron “mala fe” y criticaron la poca participación en la decisión. Sin embargo, de esos encuentros se elaboraron dos decretos; el N°66 y el N°40 del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), los que, ante las críticas, serán revisados por la actual administración, según confirmó hace poco la Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas.

Pero, pese a las dificultades y los desafíos que han surgido, el Gobierno sigue adelante con la implementación y tiene “un compromiso claro”. Así lo afirmó el vocero  Álvaro Elizalde.

Elizalde confirmó que “Chile va a mantenerse en el Convenio” y que “van a desarrollar todas las consultas que sean necesarias”. De hecho, el abogado y Consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, José Aylwin, sostuvo que la sola posibilidad de retractarse es bastante incierta, cuando el sistema de protección apunta en la misma línea. En ese sentido indicó que la hipótesis “no favorece a nadie”.

“La jurisprudencia del sistema Interamericano de Derechos Humanos, aplicado a Pueblos Indígenas, ha establecido en reiterados fallos que la actividad de las empresas debe desarrollarse siempre con Consulta; en algunos casos con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, con la participación en los beneficios y con compensación por los daños causados por la actividad empresarial. Por ello, aunque se pretendiera denunciar el Convenio 169 en el país, estos derechos forman parte de los compromisos internacionales que Chile ha adquirido a través de otros instrumentos (…) No hay vuelta atrás en ese sentido”.

Aylwin, también Co-Director del Observatorio Ciudadano afirmó que hace menos de un mes de desarrolló en Ginebra, Suiza, un encuentro para evaluar los 25 años de funcionamiento del Convenio en el mundo, en el que estuvo presente el Estado y representantes de la Confederación del Producción y el Comercio (CPC).

“Ninguna de las partes apuntó a las insinuaciones de salir del Convenio”, sobretodo porque los derechos que protege son fundamentales para el desarrollo de sociedades modernas y más democráticas.