En palabras simples, se trata de una gigantesca maquinaria que transfiere los recursos de todos los chilenos hacia una pequeña elite: el mundo corporativo y de las finanzas.

En 2013, por ejemplo, las AFP contribuyeron (o invirtieron, según la perspectiva de cada cual) 43 mil millones de dólares a sólo 10 empresas y 10 bancos del país. Entre las empresas con más aportes de los fondos de pensiones figuran gigantes como Cencosud (Horst Paulman), Falabella (familia Solari), LAN (familia Cueto y Solari), Colbún y la Papelera (familia Matte). Y, por cierto, también Soquimich de Julio Ponce Lerou.

Y entre los bancos, en 2013 los más favorecidos con los “ahorros previsionales” de los chilenos eran el Banco de Chile (Grupo Luksic), el Banco Santander (grupo español), Corpbanca (entonces de Álvaro Saieh), el BCI (familia Yarur) y el Bice (familia Matte), entre otros.

Actualmente, el sistema de pensiones chileno acumula un capital de US$ 162.000 millones, un monto tan considerable que le ha abierto el apetito a los grandes gestores de firmas de inversiones de todo el mundo, dado que las AFP pueden invertir fuera del país.

“Los fondos de pensiones chilenos están entre los inversionistas internacionales más grandes de América Latina, atrayendo a los mayores gestores de fondos hacia Santiago”, escribió hace sólo un año Institutional Investor, uno de los diarios más influyentes en Wall Street y entre la elite financiera global. Según ese diario neoyorquino más de 50 firmas de inversiones se han establecido en nuestro país “en gran parte para participar en el sector de pensiones privadas de Chile”.

BlackRock, la mayor firma privada de inversiones en el mundo con sede en Nueva York, es uno de los jugadores más favorecidos con los ahorros previsionales chilenos. Ese fondo gestiona en torno a  8.700 millones de dólares del dinero para jubilaciones de los chilenos, lo que equivale a casi 20 por ciento de todas las inversiones internacionales de las AFP. El presidente de BlackRock, Larry Flink, es considerado uno de los hombres más poderosos de las finanzas globales.

El canto de sirenas que genera a nivel mundial el modelo de pensiones de nuestro país se ve reforzado por el hecho que, desde su nacimiento en plena dictadura en 1981, las AFP han rentado un 8,7 por ciento por sobre la inflación. Con esa cifra se sitúa en las grandes ligas mundiales de gestores de inversiones.

Es música en los oídos para el mundo de las finanzas, pero no en el mundo de las pensiones. Hoy, la jubilación promedio que entregan las AFP al millón de personas retiradas no llega siquiera a los 180 mil pesos mensuales.

Así, mientras Wall Street, Londres y Sanhattan celebran el modelo local, los propios chilenos saben muy bien que el sistema huele peor que mal. La Comisión Asesora Presidencial para el Sistema de Pensiones, presidida por el economista David Bravo, publicó en marzo pasado una encuesta sobre la percepción que la ciudadanía tiene respecto al sistema de las AFP. Los resultados son sepultadores.

Entre aquellos encuestados que ya estaban económicamente activos cuando se produjo el cambio de sistema en 1981, un 68 por ciento aseguró que fue “obligado o presionado a cambiarse a una AFP”. Y sólo un 5 de todos los encuestados pensaba que las pensiones que va a entregar el sistema serán suficientes para financiar un nivel de vida adecuado. Y eso que los chilenos, en apariencia, somos bastante realistas al respecto. Al ser preguntados sobre cuál sería un monto de pensión suficiente para responder a sus necesidades a la edad legal de jubilación, el monto promedio mencionado fue de 410 mil pesos.

La opinión de los chilenos sobre el modelo de pensiones es tan mala que un 45 por ciento afirmó no tener confianza alguna en las AFP. Con ello, los fondos de pensiones aparecen entre las instituciones peor evaluadas en el país, sólo superada por las Isapres, el Congreso y los partidos políticos. Tal vez por eso un 66 por ciento de los encuestados opinó que sólo un cambio total al sistema de las AFP ayudaría a mejorar sus pensiones.

Pero, curiosamente, el propio consejo que encargó ese sondeo parece hacerle oídos sordos a sus resultados principales. La Comision Bravo propuso hace unos días aumentar la edad de jubilación de las mujeres y el monto de cotización, además de fundar una AFP estatal.

Sin embargo, ninguna de esas medidas toca ni siquiera de cerca los tres temas de fondo. El primero es que las jubilaciones seguirán siendo sumamente bajas. El segundo es que una AFP estatal no cambia la lógica de que el modelo de pensiones chilenos es, en el fondo, un mecanismo para transferir el dinero de todos a unos pocos. Y el tercero es que no aborda el aspecto más profundo de nuestro sistema previsional, el cual es perpetuar la desigualdad en Chile: si uno es pobre se jubilará pobre; si uno es rico se jubilará rico.

Es verdad, la reforma previsional de 2008 en el primer gobierno de Michelle Bachelet, elaborada por el ahora exiliado Alberto Arenas, introdujo el llamado “Pilar Solidario” que aumenta en unos 80.000 pesos mensuales las pensiones más bajas. Es verdad, en su programa de gobierno durante la campaña presidencial de fines de 2013 Michelle prometió tres cosas: restituir la Pensión Solidaria para aquellos jubilados que la perdieron; enviar un proyecto de ley para crear una AFP estatal (cosa que debería ocurrir próximamente) y encargar un estudio sobre el sistema de pensiones (o sea, la Comisión Bravo).

En esto la mandataria, cuyo círculo cercano en los últimos días ha desplegado una campaña de victimización para encarar las críticas, ha cumplido con su promesa. Sólo que esa promesa no es suficiente.

La curva demográfica chilena –estamos envejeciendo rápidamente- indica que el sistema actual de pensiones entrará en bancarrota en unos años más. Y cuando el sistema quiebre, ¿adivinen quien saldrá al rescate? Sí, el Estado, o sea, todos los contribuyentes. Pero el festín financiero que se dieron durante los últimos 30 años los bancos, las empresas y las firmas de inversiones locales y extranjeras no sufrirá resaca alguna.

A veces, la retroexcavadora es un buen vehículo. Después de todo, José Piñera y Augusto Pinochet la aplicaron en 1981.