El teniente coronel en retiro Andrés Flores, Ricardo Lawrence, el suboficial en retiro Patricio Montesinos, Mario Pizarro y José Avelino Yévenes, son los cinco ex oficiales de Carabineros condenados por su participación en crímenes de lesa humanidad ejecutados durante la Dictadura y que actualmente se encuentran prófugos, de acuerdo a los antecedentes entregados por la Corporación Londres 38.

Al respecto la presidenta de la organización, Erika Hennings, señaló que la demora en los procesos judiciales, y posteriormente en las condenas, abren espacios para que los responsables de estos delitos se fuguen. Por lo mismo, a su juicio, estas personas deberían permanecer en prisión preventiva.

Las redes de protección de Carabineros son evidentes en estos casos, según explicó Hennings, considerando que incluso varios de ellos trabajan para esta misma institución, como el caso de Yávenes que actualmente se desempeña como guardia del Hospital de Carabineros, pese a que enfrenta un juicio por su participación en la Operación Colombo.

“En sus testimonios responsabilizan a Marcelo Moren Brito, que ya falleció, o a Miguel Krassnoff que seguiría sumando años de condena. No obstante, las redes operan porque probablemente hay lealtades necesarias para mantener esos pactos de silencio. Entonces, también cuestionamos la manera en que el Gobierno se hace cómplice, cuándo no hay medidas firmes para que por un lado se rompan, y para que los procesados cumplan sus condenas en la cárcel”, señaló.

El vocero de la Comisión Funa, Julio Oliva, entregó detalles sobre la última vez que vieron en Santiago al teniente en retiro Ricardo Lawrence quien obtuvo sentencia definitiva de la Corte Suprema el 30 de abril de 2015.

El ex agente de la DINA está condenado a 10 años de cárcel por la desaparición forzada del dirigente del MIR, Alfonso Chanfreau, y a 15 años y un día por los crímenes de los también militantes de la colectividad, Alejandro de la Barra y Ana María Puga, en diciembre de 1974.

Sin embargo, Lawrence se encuentra prófugo hace dos años: “Es tanta la impunidad que, después que estábamos funándolo en una feria, el tipo cruzó a comprar y, por una denuncia de los vecinos, Carabineros se lo llevó a la comisaría y desde ahí que no se le ha visto, entonces entendemos que está prófugo”, comentó Oliva.

Mientras, el coordinador de la Agrupación de Víctimas de Violencia Policial, Miguel Fonseca, explicó que la impunidad en los casos de la Dictadura permiten los abusos policiales que se cometen hoy y que están determinados por la justicia militar. “Cualquier delito cometido por carabineros o militares es competencia de la justicia militar que no aplica el Código Penal sino su propio Código, donde no se verifica como homicidio el actuar policial sino como violencia innecesarias o faltas administrativas. Entonces, esa justicia es la que asegura que todos queden en la impunidad siendo una de las malas herencias de la Dictadura”, explicó.

Según los antecedentes entregados a la Corporación por la Policía de Investigaciones (PDI) y también por Gendarmería, se habría dispuesto un equipo de no más de dos personas para buscar a estos ex oficiales prófugos de la justicia. Un escenario que demuestra la nula voluntad de hacerlos cumplir con sus condenas.

Además, estas personas se encontrarían en Chile porque siguen cobrando mensualmente sus pensiones en Dipreca y en algunos casos mantienen comunicación con sus familias. “Es decir, se le están pagando pensiones, muy por encima de todos los chilenos, a criminales”, recalcaron.

Otro dato que llama la atención, es que Sergio Reyes, detenido desaparecido e hijo de la integrante de la Corporación Magdalena Navarrete, aparece inscrito en el Registro Electoral.