Huatacondo es una de las aldeas indígenas de mayor antigüedad en América Latina. Al menos dos mil 500 años de historia atraviesan a este poblado, ubicado en la región de Tarapacá a 230 kilómetros de Iquique. En esta zona conocida como Ramaditas se encuentra también una importante concentración de patrimonio arqueológico del Pueblo Quechua.

Sin embargo, las cerca de cien personas que viven en esta zona han denunciado que este patrimonio es amenazado por la instalación del proyecto minero Quebrada Blanca, perteneciente a la empresa canadiense Teck y en un 10 por ciento a la Empresa Nacional de Minería (Enami).

La primera fase del proyecto se inició en 2000 y, actualmente, se está tramitando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para iniciar su segunda etapa que esperan sea aprobada a más tardar durante el primer semestre de 2017. Durante la evaluación de Quebrada Blanca 1, la comunidad indígena fue consultada y se aprobaron las obras, pese a todas las observaciones hechas por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) respecto a la ocupación de terrenos de pastoreo, botaderos de lastre y ocupación de nichos de agua.

Sin embargo, desde 2015 la empresa han iniciado esta segunda etapa que contemplaría la construcción de un tranque de relaves en la Quebrada de Maní y un tendido eléctrico entre dos estaciones del proyecto. Estas obras atravesarían terrenos de pastoreos ancestrales y una gran concentración de geoglífos. La comunidad corroboró estos perjuicios a través de una investigación independiente elaborada por la Fundación San Pedro de Atacama.

No obstante, el SEIA desconoció impactos en Huatacondo excluyéndolos del estudio, según comentó Mauricio Hidalgo, vocero de la comunidad. “Con Huatacondo no hay comunicación, hicieron un proyecto a puertas cerradas a pesar que el Convenio 169 sobre Consulta Indígena dice expresamente que debemos ser consultados si queremos o no un proyecto de estas características”, advirtió.

Las comunidades aseguran que en esta segunda fase es como si el SEA hubiese “borrado todo lo anterior con el codo”. No se respetaron las líneas de base que deben elaborar las empresas para evaluar los eventuales impactos para el territorio y sus habitantes.

El abogado y antropólogo social que trabaja con la comunidad, Alonso Barros, dijo que las mineras manejan estrategias para ser favorecidas y tener mínimas dificultades al momento de ingresar su estudio al SEIA. Por ejemplo, explicó, subdeclaran los impactos, es decir, integran el mínimo de medidas de mitigación “por si pasan”.

“Se estaba de acuerdo en que había impactos en distintas áreas pero ahora la comunidad nuevamente tine que demostrar que se realizan daños patrimoniales y de recursos hídricos”, señaló.

El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, planteó que la tendencia de las empresas es omitir la existencia de comunidades completas para que la evaluación sea positiva y se le entreguen los permisos de funcionamientos correspondientes a corto plazo.

Desde la comunidad afirman que la ampliación de este proyecto dañará la cuenca del río donde los abuelos indígenas realizan ceremonias cada cuatro años para luego iniciar la siembra de sus terrenos.

“Acá la mayor violencia es no respetar los derechos de los abuelos y de los niños. Llegar a nuestras casas y decirnos que van pasar por nuestros terrenos sin siquiera considerarnos”, expresó el representante de la comunidad.