Luego de seis días de iniciada la huelga de hambre líquida por la machi Francisca Linconao Huircapán en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, cinco comuneros mapuche se sumaron a esta protesta demandando la libertad de la autoridad ancestral.

Se trata de Alfredo Tralcal, José Tralcal, Benito Trongol, Luis Tralcal y Nicolás Railaf, también imputados en el caso Luchsinger-Mackay –al igual que la machi- y detenidos en la cárcel de Temuco.

La machi sigue cumpliendo la prisión preventiva en este recinto hospitalario pese a que su estado de salud sigue siendo extremadamente delicado y el tratamiento médico se extenderá al menos por doce días. Sin embargo, ella ha manifestado que no depondrá la huelga mientras no reciba una respuesta honesta y concluyente por parte de las autoridades.

Desde el entorno de la machi han asegurado que autoridades de gobierno han intentado presionar a la autoridad religiosa mapuche para que deponga su medida, tal como lo manifestó su abogada Manuela Royo.

Desde el Centro Penitenciario Femenino informaron que durante la huelga los privados de libertad no tendrán derecho a visitas y que la machi, una vez que desista de continuar la huelga, será derivada al área de salud.

Luego será obligatoriamente trasladada al módulo de origen para cumplir con la prisión preventiva sumado a una sanción disciplinaria de privación de visitas entre siete a treinta días.

El abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, explicó que al iniciar la preparación del juicio oral, el lunes y martes pasado, el Juzgado de Garantía de Temuco ordenó al Ministerio Público corregir algunos vicios formales de la acusación y, pese a que esta resolución es inapelable, el Gobierno reclamó y les fue concedida.

Por lo tanto, la causa se encuentra paralizada y atentaría contra el principio de ser juzgado bajo un plazo razonable, según precisó el abogado: “El Ministerio Público, los querellantes, están desesperados porque saben que van derecho a la absolución, es decir, al fracaso porque deslegitima la acción del Ministerio y en general el sistema judicial chileno, sobre todo comprometiéndolo con lo que dictan los organismos internacionales de resguardar el derecho de las autoridades ancestrales”.

Además, el abogado defensor de dos de los imputados en el caso Luchsinger-Mackay, detalló el procedimiento judicial para ratificar la libertad provisional a los imputados, en el caso particular de la machi Francisca.

Si bien el Juzgado otorga la libertad en última instancia debe ser aprobado por unanimidad por los ministros de la Corte de Apelaciones, que en estas últimas dos ocasiones no ha contado con el voto favorable del ministro Luis Troncoso, indicó.

“Esto debe ser aprobado 3 a 0, y la machi ha ganado la libertad condicional por 2 a 1, es decir, en este sistema tu ganas en votación, pero en el fondo pierdes porque necesitas tres fotos favorables”, precisó.

Mientras, el coordinador académico del centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, se refirió al actuar de las policías en los territorios que mantienen reivindicación una histórica y la dañada imagen de los derechos humanos que se proyecta al exterior.

“Aquí hay una policía que entiende que parte de sus funciones se relacionan con la represión y eso hace que el uso de la fuerza se vaya trastocando y a la vez militarizando”, comentó.

Otro antecedente que se suma en este contexto, es el anuncio hecho por el Director Nacional de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu, sobre la llegada de mayor contingente policial a la región de Los Ríos para aplacar los hechos de violencia en los predios rurales, antes que finalice el año.

Esto, justamente en medio de la celebración de una ceremonia de graduación de 190 estudiantes de la Academia de Formación de Carabineros de Valdivia.

Finalmente, un grupo de artistas y dirigentes sociales chilenos y extranjeros grabaron un video, a través del cual exigen que la machi Francisca Linconao sea liberada. Entre otros, el líder de Illapu, Roberto Márquez, el actor José Secall, la actriz Malucha Pinto y Residente de Calle 13, aseguran que la autoridad religiosa es inocente.