El próximo 3 de enero se realizará un acto de conmemoración en Temuco por los nueve años del asesinato de Matías Catrileo por parte de Carabineros, manifestación que estará enmarcada por los recientes hechos de abuso y violencia policial en contra del pueblo mapuche como el joven de diecisiete años Brandon Hernández Huentecol, quien recibió un disparo en Collipulli de parte de Fuerzas Especiales e internado en la Clínica Alemana de Temuco, y a los dos comuneros baleados en Tirúa por efectivos de Carabineros, Jorge Ariel Colil y Renato Lincopán, hospitalizados en Cañete y Curanilahue.

Además, la ceremonia se realizará en medio del hostigamiento y la prisión política que los mapuche viven en el Wallmapu, según denuncian, y la huelga de hambre líquida de la machi Francisca Linconao junto a otros cinco imputados en el caso Luchinger-Mackay que se sumaron este lunes a la protesta en la cárcel de Temuco.

Este martes también se conoció la absolución del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete de Hernán Paredes Puen y Yocelyn Fernanda Yevilao Maril, ambos miembros de la comunidad María Colipi de Tirúa, imputados en marzo pasado por su supuesta participación en la quema de camiones de una empresa forestal.

Sin embargo, el Tribunal desestimó la versión de ocho carabineros y de peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) por tratarse de testimonios contradictorios respecto del arma que supuestamente utilizó Paredes y el lugar donde se habría encontrado.

El comunero Hernán Paredes quedó en libertad luego de cumplir desde marzo con la prisión preventiva en la cárcel de Lebu mientras se desarrolló la investigación. Sin embargo, ningún carabinero fue formalizado por los más de 130 perdigones que recibió en su cuerpo al momento de ser detenido.

En esa misma línea, Ruth Meñaco, educadora intercultural e integrante de la comunidad mapuche Caupolicán de Cañete, relató el caso de su sobrino de quince años Ivo Cabrera, acusado por quema de trigo y absuelto en noviembre pasado por el sobreseimiento de la causa.

Ruth aseguró que esta es una situación que reiteradamente deben sufrir los niños mapuche del sector. “Mi sobrino no entendía nada, incluso lo torturaron cuando lo subieron al carro. Cuando él se sentó le dijeron ‘¡y más encima te querís sentar indio tal por cual!’, y lo tiraron donde tenían unas armas. Nosotros sabemos que hay muchos otros casos, al menos a cuatro niños los han tomado y los dejan unas cuadras más allá. Al final ellos no denuncian porque saben que no sirve de nada”, comentó.

Además, la comunera interpuso una querella contra Carabineros por los hechos de violencia producidos en su casa, lo que continuaría en trámite.

“Yo vivo en zona rural y estoy a casi a un kilómetro de la carretera. Cuando entramos a la casa mi hermano mayor me dijo que habían cuatro tanquetas y una micro llena de efectivos que se empezaron a dispersar por el campo de mi mamá y el mío. Nosotros le decíamos que por favor se fueran porque tiraron muchas lacrimógenas. Era como estar en un campo de guerra realmente infernal”.

En tanto, se han convocado a distintas manifestaciones y actividades demandando la libertad de la machi Francisca Linconao, en ciudades de Chile y de Argentina.

La cantautora y profesora de historia Daniela Millaleo afirmó que el Estado está asesinando poco a poco a la autoridad ancestral y rechazó la represión a las distintas movilizaciones realizadas por organizaciones sociales y de derechos humanos.

“El Estado está matando a la machi no sólo por la huelga de hambre sino que se viene debilitando su salud hace mucho tiempo”, expresó.

Desde la cárcel de Temuco, los cinco comuneros que adhirieron a la huelga de la machi Francisca Linconao difundieron un comunicado denunciando la imparcialidad del juez de la Corte de Apelaciones de Temuco, Luis Troncoso, quien ha votado en contra de otorgar la libertad condicional a la machi y, en opinión de los comuneros, responde a los intereses de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (SOFO).

Demandaron no aplicar la Ley Antiterrorista en casos mapuche y que se realicen juicios justos y debidos procesos, así también la no utilización de testigos protegidos: “Indicamos que la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad del Estado chileno no tan solo es repudiable, sino que es la clara expresión de una política de Estado, hacia cualquier persona de nuestro pueblo-nación Mapuche”, manifestaron.

Agregaron también que “esta es la fuerza de la seguridad financiada por todos, la que presta servicios de protección a empresas forestales, latifundistas e Inversiones depredadoras de nuestro territorio desde el Bio-Bio a los Ríos y no velan por la vida ni la seguridad de quienes no sean de sectores acomodados”.