La Coordinadora “Justicia para Macarena Valdés”, integrada por comunidades indígenas y rurales de Panguipulli, entregó una carta al Servicio de Evaluación Ambiental Metropolitano (SEA) exigiendo investigar el proyecto mini central hidroeléctrica de paso Tranguil.

Este proyecto de RP Global no ha sido sometido a un estudio de impacto ambiental. La orden del SEA fue que la empresa interviniera dos kilómetros el rio de la zona, lo que se han convertido en ocho, según denuncian los vecinos.

Además, buscan que se investigue la relación entre esta empresa y su eventual responsabilidad en la muerte de la activista Macarena Valdés, en agosto de 2016.

El representante de su familia, Marcelino Collio, acusó negligencia por parte del organismo público por su nula respuesta ante las solicitudes realizadas por la comunidad.

“El SEA no ha dado respuesta a los diferentes documentos que hemos enviado. Hay un compromiso del SEA de investigar lo que está ocurriendo en particular con esta empresa que aparece involucrada en el asesinato de mi nuera y han dicho que deberían entregar una respuesta durante los próximos días”, expresó.

Agregó también que esta empresa ha desviado casi 200 metros el curso del río, dejando sin agua a parte de la comunidad.

“Es necesario investigar este caso, hasta ahora los funcionarios son responsables de que una empresa no se someta a una revisión formal. Tampoco ha habido participación ciudadana (…) Esta empresa se instaló en un territorio que tiene dueño, con papeles en mano, y la sala de máquinas está en el patio de una de las vecinas”, explicó.

En agosto de 2012, Sernatur ofició al SEA que este proyecto afectaría una zona de interés turístico. Pese a esto, el organismo desechó su informe técnico.

El director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca), Lucio Cuenca, explicó que el SEA validó una carta de pertinencia entregada por la empresa que, sin embargo desconoce la existencia de una comunidad indígena en el territorio donde están interviniendo.

Con esto, se evidencia el incumplimiento de la consulta indígena del Convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile.

Además, la organización insistió en que las amenazas a las mujeres de la zona son recurrentes, por lo mismo esperan una respuesta a la brevedad sobre la indagación del SEA metropolitano.