Hace algunos días, en una entrevista a La Tercera, el actual director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Alberto Pizarro, señaló que todavía falta por avanzar en el acceso a la educación para los pueblos originarios. En este sentido, indicó que debe existir una política de gratuidad para quienes pertenezcan a alguno de estos pueblos.

De acuerdo a sus palabras, este es un debate que no solo se ha generado en el Consejo Indígena de la Conadi, sino también en otras instancias. Pizarro agregó que “se podría optar porque los jóvenes indígenas puedan tener un puntaje adicional para poder acceder a la gratuidad”.

Sobre esta propuesta, Mario Sobarzo, investigador del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech), manifestó que Chile está muy atrasado y enfatizó en que la política de gratuidad debería estar garantizada para todos los estudiantes, al menos en las universidades estatales. “Lo que existe en la mayoría de los países del mundo para los estudiantes indígenas son becas. Es importante generar mecanismos de incentivo económico o de apoyo a quienes vengan de pueblos originarios, porque se entiende que han tenido 200 años de exclusión, si contamos desde que se conformó el Estado nacional chileno”.

Bajo ese antecedente, el investigador explicó que hay discriminaciones positivas que ocurren en el contexto de algunos estados cuando hay grupos sociales o culturales que han sido marginados históricamente. “En el caso de los pueblos originarios, no hay dudas que han sufrido un grado de exclusión que los ha mantenido, por ejemplo, sin el reconocimiento de su condición de pueblo”.

Además, comentó que estas medidas son paliativas, pues todavía no existe una política nacional que se haga cargo del rezago que existe con dichas sociedades. “La deuda que tiene el Estado no es algo que se resuelva con estas políticas. Esto debería partir con un cambio constitucional que reconozca que en este territorio hay naciones con derecho a una autodeterminación. De ahí en adelante se tienen que incluir programas que contemplen ámbitos como educación y salud”.

Según Sobarzo, las iniciativas que se generan desde distintas áreas, en relación a este tema, deben estar interrelacionadas para que apunten hacia políticas de igualdad.

De este modo, añadió un dato: “hasta sexto básico, los estudiantes indígenas tienen  igual o mejores resultados en el Simce de matemáticas, pero al llegar  a la enseñanza media eso se tiende a revertir porque no existe una escuela dirigida a estos alumnos. Se rompe el vínculo comunitario, se cambia el currículum y en general los profesores no están preparados en esta materia.  Desde ese aspecto hacia arriba tenemos una gran carencia como país”.

Por su parte, Felipe contreras, miembro de la Federación Mapuche de Estudiantes (Femae), declaró que la propuesta del director de Conadi “parece un anuncio al aire que viene a reafirmar cierta propaganda de la campaña de Michelle Bachelet, cuyo gobierno no profundizó nada de lo prometió”.

En este punto, el dirigente ejemplifica con la Intendencia de la Región de La Araucanía, la cual, desde su visión, no tiene voluntad real para oficializar el mapudungun. “Las voluntades siempre se declaran, pero nunca se materializan. Hay muchas cosas que son gravitantes para nosotros y no se están abordando”.

Para Contreras, en la propuesta hay un tema de forma, pero no de fondo.  Es así como se plantea la superación de una realidad para los pueblos originarios, que contempla a estudiantes que son primera generación de su familia en ingresar a la educación superior. Sin embargo, hay muchas cosas que se están obviando. “Más allá de tener gratuidad, que debe estar garantizado para todos, no se considera el derecho, desde nuestra posición, a ser reconocidos como mapuches dentro de las instituciones. Esto debería contemplar, por ejemplo, la validación y uso del mapudungun dentro de la instancia educativa”.

Las demandas de fondo

Actualmente existe la beca indígena que proporciona un apoyo económico de mantención que bordea los 60 mil pesos mensuales para los estudiantes que pertenecen a algún pueblo originario. Además, de hogares en ciudades grandes, como Santiago y Temuco, que les proporcionan alojamiento. Sin embargo, desde la Femae señalaron que estas medidas no son suficientes si se considera que la mayoría de estos jóvenes debe migrar para ingresar a la educación media y superior.

Es importante mencionar que las condiciones por las cuales se otorgan estos beneficios son principalmente socioeconómicas, por lo que muchos estudiantes indígenas quedan fuera.

Felipe Contreras, explica que desde la Femae, como estudiantes del pueblo mapuche, demandan reconocimiento plurinacional y plurilingüe de parte del Estado, creación de instituciones educativas propias y el uso del mapudungun como un derecho garantizado.

Desde el punto de vista del dirigente estudiantil, no es suficiente solo generar políticas de acceso al sistema actual de educación. “Nos tenemos que preguntar qué se está planteando con todo esto: ¿entregar un empleado más a este mundo mercantil o  tomar ciertas herramientas de la educación para replantear este modelo de sociedad?”.

Para Contreras, las políticas de apoyo económico que ha desarrollado el Estado son parte de una reparación hacia los pueblos originarios, por lo que no constituyen ningún “favor”, como algunos han argumentado. “Tienen que reconocer que hay universidades y profesionales han ganado mucho a costa de la explotación de un territorio que no les pertenece”, manifestó mientras se refería a la investigación que existe en la actualidad respecto de estas culturas.

Finalmente, agregó que “hay políticas públicas educativas que marginan a las culturas indígenas y mantienen en el anonimato muchos de los conocimientos que puede aportar un pueblo sobre su propia realidad para solucionar sus problemas. Hoy no existen profesionales, que por su formación universitaria o formal, sean competente en un territorio indígena, principalmente porque no conocen ningún idioma originario. Ese es un problema que no han afrontado las instituciones de educación”.

Respecto de este tema, la Ley Indígena establece en el segundo punto del artículo 28 que el reconocimiento, respeto y protección de estas culturas debe contemplar “el establecimiento en el sistema educativo nacional de una unidad programática que posibilite a los educandos acceder a un conocimiento adecuado de las culturas e idiomas indígenas y que los capacite para valorarlas positivamente”, además de “la promoción y el establecimiento de cátedras de historia, cultura e idiomas indígenas en la enseñanza superior”.