Este lunes se dio a conocer el Informe Especial sobre Libertad de Expresión 2016, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Regulación a la concentración mediática, fortalecer la institucionalidad y el acceso a la información vía transparencia pública, eliminar la criminalización al funcionamiento de radios comunitarias y eliminar tipos penales que judicialicen a los comunicadores sociales y periodistas por difundir información.

Esas fueron algunas de las recomendaciones que planteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe, respecto de materias que el Estado chileno todavía no regula ni garantiza según establece la normativa internacional. El estudio se realizó en el marco de la visita que hizo al país el relator de la materia, Edison Lanza, en mayo del año pasado.

Pese a reconocer avances en la materia, afirmó que el escenario chileno es bastante complejo respecto de mecanismos regulatorios que garanticen el pluralismo y el ejercicio del derecho de la libertad de expresión.

Enfatizó que la entrega de los antecedentes sobre represión política contenidas en la Comisión Valech ha sido una petición recurrente al Estado chileno en los informes anuales de la Comisión, considerando que por la falta de esos antecedentes no se ha avanzado en causas judiciales pendientes.

El informe también puntualiza en la concentración de los medios de comunicación en Chile y los perjuicios que genera para garantizar el pluralismo. Lanza dijo que “es necesario revisar los obstáculos para que nuevos actores ingresen a la prensa y preguntarse quienes no están apareciendo y porqué”.

Además, apuntó a una mayor regulación de la Fiscalía Nacional Económica y que a la hora de evaluar la fusión de medios de comunicación  debería analizar los impactos para la libertad de expresión. “En algunos países se han tomado medidas como establecer un número máximo de medios pueden ser controlados por un grupo económico. En el caso de Uruguay son diez medios”.

El representante internacional detalló algunas conclusiones sobre la libertad de prensa en el país, donde se mantiene como desafío eliminar los tipos penales que judicialicen a comunicadores sociales y periodistas por difundir información en determinados contextos.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)  Branislav Marelic, afirmó que las violaciones a los derechos humanos van variando y, por lo tanto, se hace necesario identificar los patrones y canales por donde se reproducen.

En esa línea, enfatizó que rige un artículo en la Ley General de Telecomunicaciones que sigue siendo muy restrictiva para el funcionamiento de las radios comunitarias que no cuentan con licencia técnica, lo que conlleva un proceso complejo de acreditar.  Recalcó que “solo por difundir sin autorización se comete delito”.

En su visita, el relator Edison Lanza se trasladó a Temuco para revisar la situación de las comunidades mapuche. Al respecto señaló que: “se recibieron denuncias sobre uso excesiva de la fuerza por parte del Estado y cuando el estándar internacional establece que solo se debe ocupar en caso necesario y no en todas las manifestaciones como una norma general”.

La controversia en investigaciones judiciales

A la actividad que fue realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, acudió el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, como parte del público.

Cabe recordar que el persecutor ha estado en el debate por las sanciones que le aplicó el fiscal nacional Jorge Abbot, luego que el sumario interno contra Arias determinara que cometió una infracción por sus dichos sobre los tendidos eléctricos de la Compañía General de Electricidad (CGE), que él indaga. Según el sumario, Arias no respetó el reglamento de la institución en lo referente a dar entrevistas y realizar declaraciones.

La directora de la Asociación Nacional de Fiscales, Erika Maira Bravo, dijo esperar que se reconsidere la sanción y sean aplicados estándares internacionales a los que están sujetos los fiscales, porque afirmó que en el caso de Emiliano Arias se vulneró la libertad de expresión. Agregó que “siempre hay presiones en causas de esa envergadura, pero también hay un deber de informar en la medida que se está ejerciendo la labor”.

Ante esto el relator Edison Lanza se mostró dispuesto a recepcionar los antecedentes y evaluarlos. Mientras, Branislav Marelic dijo que, a propósito de la situación de los fiscales, el sistema interamericano es bastante robusto en garantizar la independencia del poder judicial y que ellos “tenían las puertas abiertas” de requerir asesoría en este u otros casos.

En tanto, desde el Colegio de Periodistas apuntaron a la libertad de expresión en el espacio público, presentando como antecedente el rechazo de la Intendencia Metropolitana a la solicitud de la comunidad migrante de manifestarse este domingo recién pasado por las calles de Santiago, donde finalmente se congregaron en Plaza de Armas.