No es ninguna noticia que el candidato José Antonio Kast tiene cercanía con el mundo pinochetista. Lo que podría limitarse solo a una relación familiar –su hermano Miguel fue ministro de la Oficina de Planificación entre el período de 1978 y 1980– se extiende a una defensa del régimen en varios frentes, al punto de llegar a declaraciones como la que emitió en un programa de televisión el pasado 6 de septiembre, cuando dijo que en dictadura se hicieron “muchas cosas por los derechos humanos”.
Tampoco sería una genialidad pensar que a Kast lo financian hombres y mujeres que pertenecen, precisamente, a ese sector social y económico. Sin embargo, esto se mantenía como premisa hasta que el Servicio Electoral (Servel) publicó la lista de personas que han aportado dinero a las candidaturas presidenciales, con una última actualización fechada el viernes 13 de octubre.
Dentro de los nombres más conocidos se encuentra Hermógenes Pérez de Arce, abogado, férreo defensor del legado pinochetista y quien fuera columnista por décadas del diario El Mercurio. Él aportó 100 mil pesos a la campaña. Entre el grupo de los empresarios, por su parte, destacan Matías Pérez Cruz, presidente de Gasco, con una donación de 1 millón; y Patricio Claro Grez, miembro del directorio de Iansa, hombre cercano a Eliodoro Matte, con un monto de 500 mil pesos.
La lista de financistas para la candidatura la lidera Gastón Escudero Poblete, abogado y profesor de la Universidad Los Andes, que publicó hace unos años en un blog un texto de agradecimiento a la Junta para cuando se cumplieron 41 años del Golpe de Estado. Su donación fue de 3 millones, pero ese monto se eleva si se suma a otra académica de esta institución ligada al Opus Dei, Florencia Larraín Villanueva, con un depósito de 500 mil pesos.
Entre las identidades que aparecen en la nómina hay uno que no llama tanto la atención. Se trata de alguien relacionado a la DINA, condenado por la justicia chilena en 2015 a raíz de su participación en un crimen de derechos humanos ocurrido en 1973.
El ex DINA
El 25 de noviembre de 1973 el Regimiento Yungay, de San Felipe, acantonado en la comuna de Quinta Normal a partir del Golpe, asesinó por medio de balas a Raúl Adrián de la Cruz Jerez Padilla, en medio de la calle Romero, en Santiago. Luego abandonaron su cuerpo en el Instituto Médico Legal. Ese delito llevó al ministro Mario Carroza a dictar sentencia, en diciembre de 2015, contra Jorge Alberto Reyes Morel, mayor en retiro del Ejército, por haber encubierto el ilícito. La pena consistió en dos años de presidio menor, que hasta el día de hoy el ex funcionario cumple con el beneficio de la remisión condicional.
La cantidad que aportó Reyes Morel a la campaña de Kast el 29 de septiembre de 2017 es de 5 mil pesos, y aunque parezca mínima –comparada con los montos de los empresarios–, resulta simbólica. A ésta le siguen los 2 mil pesos que transfirió la hija de Marcelo Castro Mendoza, capitán de Carabineros, interno de Punta Peuco quien se encuentra condenado a diez años y un día por secuestro calificado.
Consultado sobre estos aportes, José Antonio Kast cuestiona que la donación de la hija de Castro Mendoza tenga relevancia periodística. Y aunque en el caso del condenado por la justicia, Reyes Morel, su argumento va también en esa dirección, declara que lo importante es no contar con dinero proveniente de “actividades ilícitas”.
“(Reyes Morel) Es un chileno que, como otros, puede ir al banco y depositar. Yo no lo conozco. No tengo idea quién es. Pero claramente no está vinculado a un hecho como narcotráfico. Lo importante es que los recursos que se aportan a la campaña, no vengan de una actividad ilícita. Si no viene de una fuente ilícita, esa persona no tiene por qué ser juzgada o condenada por donarle dinero a una campaña presidencial”, dice.
El candidato no vio con malos ojos el hecho de recibir recursos, aunque sean simbólicos en cantidad, de alguien condenado por crímenes de lesa humanidad. Tampoco rechazó el importe, acción que por ley pueden hacer en un plazo de cinco días hábiles después de conocer la lista del Servicio Electoral.
Bajo ese contexto, el aspirante a La Moneda responde: “políticamente lo que yo he señalado es que hay chilenos a los cuales no se les está aplicando la ley, y hay jueces que no están cumpliendo con el debido proceso para las personas que están siendo procesadas por estos delitos. Eso me ha valido críticas, pero en general la gente no vota por mí por ese u otro hecho. La gente vota por mí porque soy un candidato de futuro, alguien que quiere imponer de nuevo la autoridad, un candidato que quiere recuperar la dignidad para las personas en la atención de salud y que quiere recuperar la calidad en la educación”.
El monto total que ha recibido José Antonio Kast hasta el viernes 13 de octubre –por aportes públicos y no públicos– es de $73.743.777. Cabe mencionar, eso sí, la auto donación que se procuró el propio candidato, cifra que alcanza los 50 millones de pesos.