El Ministerio de Bienes Nacionales habría cedido ocho mil setecientas hectáreas de terreno al Ejército para realizar ejercicios militares, así lo denuncian comunidades aymaras de la zona, que exigen con urgencia de derogue el Decreto 215 que permitió la dádiva.

El problema, según exponen los grupos humanos que conforman los habitantes de los pueblos Socoroma, Zapahuira y Murmuntani y que viven a tres mil 60 metros de altura, en el límite de la provincia de Arica y Parinacota, es que con la entrega de terrenos, rituales y costumbres que datan de la época intermedia tardía, quedarían en peligro de extinción.

“La lógica de la comunidad andina no es que necesariamente residan en el pueblo, sino que ellos transitan por todo su territorio haciendo peregrinaciones rituales, hacia santuarios, a las apachetas. Generalmente se desplazan entre Arica y el Valle de Lluta utilizando el territorio. En invierno los habitantes Aymara de la zona se encuentran esparcidos juntos a su ganado”, explica Alberto Díaz, historiador de la Universidad de Tarapacá.

Dichas rutas troperas y centros rituales que cada cierto tiempo son visitados por estos habitantes aymara ya no podrán ser recorridos de forma libre. Valiéndose del Acta de Chena IV y a través del Decreto 215, Bienes Nacionales cortó esa ruta indígena histórica, cediéndole ocho mil 700 hectáreas de terreno al Ejército de Chile.

El traspaso fue concretado el pasado cinco de julio. Una sorpresa que no solo impactó a la mancomunidad de Socoroma, sino que a la Intendencia de Arica y a la Corporación de Desarrollo Indígena.

En el caso de este último organismo fue peor, ya que es el mandatado por ley para “velar por la protección de las tierras indígenas a través de los mecanismos que establece esta ley y posibilitar a los indígenas y sus comunidades el acceso y ampliación de sus tierras y aguas a través del Fondo respectivo”.

Estudio de Conadi en Socoroma

Preocupados de resguardar su territorio ancestral, la mancomunidad de Socoroma exigió, en reiteradas ocasiones, al gobierno regional y a Conadi realizar un estudio de prospección arqueológica y un levantamiento etnográfico sobre la cultura de quienes habitan el territorio.

Dicho estudio se enmarcó dentro del programa de Saneamiento de Propiedad Indígena Para la Certidumbre Jurídica de Conadi y en virtud del convenio entre dicha institución y la Gobernación Provincial de Parinacota, para la ejecución del proyecto Estudio, Confección y Tramitación de Regularización y/o Transferencia de Predios de uso Comunitario a favor de la Comunidad Indígena. Gracias a ambos instrumentos se desarrolló el artículo denominado Estudio Histórico Antropológico del Territorio Socoromeño.

Dicha investigación se realizó entre el 2015 y 2017, generando resultados que comprobaban el alto nivel de interés arqueológico de la zona y un vasto desarrollo cultural indígena que proviene de prácticas ancestrales traspasadas de las antiguas generaciones y descritas por los actuales habitantes de la comunidad que transita y vive en estos sectores precordilleranos.

El estudio fue realizado por un equipo multidisciplinar de la agencia Consultora URAQUI, quienes determinaron que en todo el territorio de Campanane, lugar que se les está cediendo al Ejército, hay ocupación indígena: “Nosotros entrevistamos a los habitantes de Socoroma, Zapahuira y Murmuntane, así como también recorrimos los caminos que vienen de Chepiquiña, para identificar los puntos de deslinde, el camino de Socoroma y hasta los altos del Valle de Lluta”, explica el director de la Agencia, Marco Cabana.

El estudio de ocupación territorial además identificó “sitios arqueológicos que ya estaban declarados por el Consejo de Monumentos Nacionales”.

El informe que tuvo un desarrollo de un año y medio, fue entregado por la agencia el 15 de marzo de 2017 a la Gobernación, entidad que compartió este documento con Conadi para hacer las últimas modificaciones.

Desde ese momento y según explica la directora del Corporación de Desarrollo Indígena de Arica, Carmen Tupa, la entidad desarrolló este estudio que incluyó una solicitud de saneamiento de estos territorios al Ministerio de Bienes Nacionales con el fin de que “existiera un reconocimiento por parte del Estado de Chile del antiguo territorio de Socoroma y para regularizar estos territorios”. El documento estaría en manos de la Seremi del Ministerio de dicho ministerio desde el 13 de octubre de 2017.

Sin embargo, previo al trabajo, la secretaría de Estado había entregado ocho mil setecientas hectáreas patrimoniales al Ejército, para ser usadas como campo de entrenamiento militar. Según explicó la máxima autoridad de Conadi en Arica, el Ministerio de Bienes Nacionales no solicitó en ningún momento un informe a la institución para consultar por las posibles afectaciones que podría llegar a tener esta decisión para el patrimonio material e inmaterial de la zona.

Delia Condori, consejera nacional aymara de la comuna de Putre, quien ha estado en diversas reuniones con autoridades regionales, plantea que existe una descoordinación total entre las autoridades centrales y las locales, ya que la propia Intendencia se habría enterado por las redes sociales que se habían cedido terrenos al Ejército, tal como asegura sucedió con Conadi.

¿Quién tiene la culpa?

Las comunidades son claras al respecto. Es la Conadi, según determina su mandato, la encargada de proteger los espacios patrimoniales de los pueblos indígenas en el país. En este caso en particular, la entidad no habría cumplido con su misión, toda vez que se desentendió de las negociaciones que llevaban adelante el Gobierno con el Ejército.

Otra de las razones por la que culpan a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es de haber recibido el informe elaborado por URAQUI el 5 de marzo, habiéndolo recién entregado a las autoridades ministeriales el 13 de octubre, tres meses después de que el Ejército se hiciera de los terrenos en disputa. Ante eso, Delia Condori es tajante: “Si se hubiera puesto urgencia a su entrega (del estudio) podríamos haber saneado estos territorios y seguirían siendo parte de nuestro pueblo. El que no se  haya considerado a nuestro pueblo como habitantes de esta zona nos despoja de nuestra historia y nuestra cultura. Sumado a esto se generarán daños irreparables en el medio ambiente, ya que en este sitio se encuentra el Monumento Natural Quebrada de Cardones, nidales de cóndores y vestigios del tránsito de nuestros antepasados”, explica la representante indígena.

Bienes Nacionales no reconoce territorio indígena

La Mancomunidad de Socoroma ha realizado diversas manifestaciones a las afueras de la Intendencia, la gobernación y en la Pampa Campanane, territorio que se encuentran defendiendo. A raíz de la incapacidad de dar respuesta de parte de la intendencia por falta de antecedentes sobre la decisión tomada desde el nivel central del estado, los comuneros han insistido en que la ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, se pronuncie sobre la cesión de terrenos.

La secretaria de Estado explicó que “al momento de realizarse el estudio del terreno destinado por parte del Ministerio de Bienes Nacionales al Ejército de Chile en el sector de Campanane, no existía antecedente alguno respecto de que hubiesen sitios arqueológicos ni demandas indígenas ni ocupaciones ancestrales, antecedentes que fueron conocidos por el Ministerio de Bienes Nacionales el 17 de octubre de 2017, es decir, un año después del acuerdo Acta de Chena IV”.

Palma detalló, además, que de acuerdo a la Ley Nº 17288, sobre monumentos nacionales, en lo relativo a restos arqueológicos, por el sólo ministerio de la ley corresponde su protección al Estado, “por lo tanto, el Ejército de Chile como toda institución pública se encuentra obligada a protegerlos”.

Ante esa arbitrariedad es a la que académicos y representantes socoroma se unen para exigir restitución del terreno: “El problema está en que ese estudio no fue entregado ni parcialmente, ni menos informado a Bienes Nacionales. Lo que nosotros criticamos es que uno de los protocolos para ceder tierras es la obligación de consultar al Consejo de Monumentos Nacionales por las afectaciones que esto podría generar al  patrimonio material e inmaterial de la zona y nada de eso se hizo”, explica Alberto Díaz, historiador de la Universidad de Tarapacá.

La comunidad reitera que si el Ejército se hace cargo de este territorio no podrán seguir transitando por estos lugares usados como rutas para trasladar a los animales y desarrollar rituales ceremoniales.  Delia Condori acusa de no solo afectar al pasado, sino a una comunidad aymara viva, arraigada a las tradiciones ancentrales que los determinan: “Hay aspectos que las autoridades no logran ver, porque no son evidencias materiales, sino que es todo lo simbólico que nos une a personas que vivimos en este territorio. Nadie puede cuidar mejor que nosotros nuestras tierra”.

Por lo mismo, la comunidad exige que el Decreto 215 sea derogado y se regresen las tierras a las comunidades que ancestralmente han sido los habitantes de este sitio. El próximo paso será determinar las responsabilidades en esta negligencia entre las instituciones y determinar cómo se responderá a las exigencias de la comunidad.