Ha sido una de las tantas monedas de cambio del Frente Amplio en la negociación con la campaña de Alejandro Guillier. Se trata de la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que significaría que, al ser implementada progresivamente, los estudiantes que accedieron a la educación universitaria mediante este convenio, puedan terminar con estas deudas. Tras algunos días, el candidato presidencial del conglomerado Fuerza de la Mayoría anunció que, en un eventual mandato, buscaría la condonación para aquellos deudores que formen parte del cuarenta por ciento más pobre, fusionando el CAE con el Fondo Solidario.

El monto que el Estado debería destinar a esta política sería, según Adriana Delpiano, ministra de Educación, superior a los 8 mil millones de dólares. Sin embargo, Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, desestima absolutamente esta cifra.

“El máximo sería 3 mil 200 millones de dólares y no 8 mil como lo ha dicho el Gobierno o el propio Guillier. Esa última cifra es todo el CAE que se ha entregado, pero la mitad ha sido recomprada por el Fisco”, señala.

Esta recompra, explica, fue pactada en las negociaciones previas al CAE para que la banca se atreviera a entrar a un negocio riesgoso. Al principio el Fisco recompraría el veinticinco por ciento de los créditos, pero ahora terminó en el cincuenta por ciento.

Así el Estado se posiciona como acreedor indirecto de los alumnos, puesto que los deudores siguen respondiendo frente a la banca y ese dinero termina en arcas estatales, proceso que entrega de todas formas un beneficio al privado por concepto de administración.

El economista agrega que el Fisco no solamente ha recomprado la mitad; sino que a esto se suma los recargos en los que han incurrido.

“El Fisco ha gastado más de 500 mil millones de pesos en recargo, en sobreprecio, pagándole al banco créditos inflados. Al final, se ha gastado 2,63 billones de pesos comprando la mitad de los créditos en 2,07 millones, por el recargo”, narra.

Comparado con las principales fortunas de Chile, la cifra total de la condonación –según Fundación Sol– resulta inferior. Acorde a los datos entregados por la revista Forbes, Iris Fontbona, cabeza del Grupo Luksic, tiene 13,7 mil millones de dólares; Horst Paulmann, dueño de Cencosud, acumula un patrimonio de 4,7 mil millones de esta moneda. Y la contraposición se vuelve aún más importante cuando se consideran los aportes a las Fuerzas Armadas por concepto de Ley Reservada del Cobre. Entre 2007 y 2016 estos alcanzaron los 11 mil 542 millones de dólares –informó Pulso–, es decir, casi cuatro veces la cifra necesaria.

La posibilidad del no pago

La cifra de 3 mil 200 millones de dólares se podrían pagar en plazos, y dependiendo de estos, resultaría eventualmente el mismo monto que se le asigna al concepto de gratuidad por medio de la Ley de Presupuesto. Pero hay otra solución. Esta apunta al reconocimiento de que este crédito fue mal habido. El mismo Marco Kremerman lo explica en conversación con este medio: la posibilidad del no pago.

El economista dice que como todos los chilenos pagan impuestos, si es que el Fisco decide condonar a la banca y pagarle toda esa plata de los créditos, “las mismas personas están pagando de manera indirecta eso a través de los impuestos. Debería abrirse la discusión del no pago. ¿Por qué se le debe pagar a la banca, si este es un crédito mal habido?”.

Los bancos podrían tener pérdidas pero hasta el momento, según Fundación Sol, han recuperado la mitad y además con un sobreprecio. “Quizás solamente habría que calcular el diferencial  entre lo que entregaron y lo que han recibido, incluido el sobreprecio y ver cuál es el monto de esa plata que tendrían que recuperar. También analizar si corresponde restituir la plata a los bancos y que estos terminen transformando la condonación en un negocio”, indica.  La pérdida de los bancos podría provenir de los créditos que no han vendido al Fisco y eso equivale aproximadamente a 3200 millones de pesos.

El discurso de lo imposible

Punto aparte es lo que ocurre con los enemigos públicos que ha tenido esta política. Algunos, como la misma ministra Delpiano, han sido muy enfáticos en calificarla como imposible. Ese mensaje tiene mucho que ver con la comunicación política y lo más probable es que sea considerada de esa forma  porque proviene de un conglomerado nuevo como es el Frente Amplio. Entonces, al mismo tiempo que se invalida la posición, se merma la capacidad de ese agente de proyectarse en el tiempo. Algo similar a  lo que ocurre con No + AFP.

Consultado por esto, Cristian Cabalin, académico del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, declara que esto tiene una razón concreta.

“Se intenta menoscabar la credibilidad de quienes sostienen perspectivas de futuro que irían en contra de lo que plantea el statu quo. Siempre se utiliza la frase de responsabilidad diciendo que el otro es irresponsable. La disputa conceptual es importante porque instala las coordenadas de debate para los próximos años”, dice.

En ese sentido, el profesor Cabalin dijo que esta disputa conceptual tiene que ver con lo que hizo el movimiento estudiantil el año 2011, “básicamente se trata de mover el cerco del sentido común”, señaló.